Cuando hablamos de ambiente no hablamos únicamente de bosques, biodiversidad, especies o compromisos internacionales. Hablamos de la calidad del agua que consumimos, de nuestra salud, de la seguridad alimentaria y de los negocios y medios de vida de millones de hogares. Durante mucho tiempo, la agenda ambiental ha sido presentada como un costo o como una restricción al crecimiento. Esa lectura es incompleta: la gestión ambiental incide directamente en la productividad, la competitividad, el acceso a financiamiento, la reducción de la pobreza, la seguridad y el bienestar de la población.
La biodiversidad, los bosques, el agua, los suelos y los ecosistemas no son solo patrimonio natural: constituyen activos estratégicos que sostienen actividades económicas, reducen vulnerabilidades y generan oportunidades. La evidencia muestra con claridad que no proteger el ambiente sale caro. No solo compromete el desarrollo futuro: ya está generando pérdidas económicas significativas en el presente. De acuerdo con datos del Ministerio del Ambiente, la diversidad biológica aporta el 3.3% del PBI nacional; a la vez, estimaciones del Banco Mundial señalan que la degradación ambiental representa para el Perú un costo equivalente al 5% de su PBI. La pregunta central no es cuánto cuesta gestionar adecuadamente el ambiente, sino cuánto le cuesta al país no hacerlo.
Además, esta dimensión económica es cada vez más relevante en un mercado global en el que inversionistas, compradores y consumidores ya consideran los riesgos climáticos y ambientales en sus decisiones. La sostenibilidad ha dejado de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición de acceso a mercados y financiamiento. Ya no es solo una meta ambiental, sino una condición cada vez más importante para sostener y ampliar el acceso a mercados internacionales. La Unión Europea, uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas, exige que productos vinculados a la deforestación, como madera, cacao, café, palma aceitera, soja, caucho y ganado bovino, solo ingresen a su mercado si son libres de deforestación, cumplen con la legislación del país de producción y están respaldados por una declaración de diligencia debida. Esta normativa no regula directamente a los productores peruanos, pero les impacta en la práctica porque deberán avanzar hacia cadenas de producción trazables, legales y libres de deforestación para atraer compradores europeos.
Asimismo, el avance del financiamiento sostenible con criterios ambientales, sociales y de gobernanza en el Perú confirma que la sostenibilidad ha dejado de ser un compromiso declarativo para convertirse en una vía concreta de movilización de capital hacia un desarrollo más competitivo, resiliente e inclusivo. Los bonos soberanos sostenibles emitidos por el Estado, las emisiones temáticas de COFIDE y la inversión en el BCP para ampliar el financiamiento a pymes, agricultura resiliente y construcción sostenible muestran que esta tendencia ya empieza a traducirse en instrumentos concretos.
Los impactos ambientales también tienen consecuencias directas sobre la gobernanza, la seguridad territorial y el ejercicio de derechos. Las economías ilícitas, como la minería y la tala ilegales, han generado graves daños ambientales, incluidas diversas formas de contaminación y una pérdida significativa de recursos naturales y suelos, incluso en zonas de alto valor ecológico, y se han consolidado como una de las economías paralelas de mayor magnitud en el país. A ello se suma la situación de riesgo que enfrentan líderes y comunidades en territorios afectados por actividades ilegales, particularmente pueblos indígenas. Por lo tanto, la gestión sostenible de los recursos naturales es parte de una agenda de Estado vinculada a la legalidad, la seguridad, la inclusión y el desarrollo territorial.
Finalmente, fortalecer la resiliencia ambiental reduce la vulnerabilidad frente a desastres y evita que sus impactos profundicen brechas existentes. Además de las pérdidas económicas, los fenómenos climáticos extremos afectan la continuidad educativa, la infraestructura básica, los ingresos familiares y el acceso a servicios esenciales. Una agenda ambiental no se mide solo en toneladas de emisiones evitadas u hectáreas conservadas. Debe evaluarse, sobre todo, por su contribución a hogares más seguros, ciudades más saludables, cadenas productivas más resilientes y oportunidades económicas más cercanas para las personas.
En un año en el que nuevas autoridades definirán la ruta del país para los próximos cinco años, resulta clave entender la agenda ambiental como una agenda de desarrollo. No se trata de contraponer ambiente y crecimiento, sino de reconocer que la gestión sostenible del capital natural es una condición para producir mejor, atraer inversión responsable, reducir riesgos y mejorar el bienestar de la población. Invertir en ambiente es invertir en productividad, competitividad, seguridad, bienestar y un futuro próspero para el Perú.
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