Resulta paradójico que en el Perú se dediquen meses a debatir fórmulas para reactivar la economía, mientras en el subsuelo yace uno de los recursos más codiciados para el futuro global: el cobre. Sin embargo, el debate público suele abordar este tema como si fuera parte de un guion ya gastado, y no como una oportunidad que está adquiriendo una dimensión inédita. El mundo necesita este mineral para viabilizar casi todo lo que se avecina. Las redes eléctricas, los vehículos cero emisiones, la transición hacia energías renovables y la masiva infraestructura de centros de datos que sostiene la inteligencia artificial dependen directamente de él. La demanda global escala a paso firme, pero la oferta no responde al mismo ritmo, pues poner en marcha un proyecto minero toma años, exige inversiones de gran envergadura y enfrenta estándares socioambientales cada vez más rigurosos.
En este escenario, el Perú goza de una posición privilegiada. Al ser uno de los principales productores del planeta y poseer reservas excepcionales, las cifras comerciales resultan sumamente atractivas; de hecho, solo en los primeros cinco meses del 2026, las exportaciones de cobre superaron los US$16.400 millones. Hasta aquí, el panorama luce inmejorable, pero es una historia ampliamente conocida a nivel local. La vida republicana peruana está marcada por ciclos de abundancia natural: el guano, el salitre, el caucho, la plata, el oro y, ahora, el cobre. Cada época tuvo su recurso estrella y, con peligrosa frecuencia, el país cayó en la trampa de creer que la mera extracción garantizaba la prosperidad nacional, una premisa que la realidad se encargó de desmentir.
El cobre puede inyectar miles de millones de dólares a la economía, pero ello no se traduce automáticamente en desarrollo. Exportar más toneladas embellece la balanza comercial y engrosa las arcas del Estado, pero el verdadero desafío radica en utilizar esa ventaja comparativa para crear empleos de calidad, forjar un tejido empresarial más sofisticado, modernizar la infraestructura e impulsar la capacidad tecnológica. Lamentablemente, la discusión sobre la minería en el Perú suele quedar atrapada en una polarización estéril. Para algunos sectores, es la panacea absoluta; para otros, constituye una fuente inagotable de conflictos y dependencia primaria. Aunque ambas posturas esgrimen verdades a medias, ninguna responde a la interrogante de fondo: qué propósito estratégico debe cumplir la minería en el país, asumiendo que el mineral no tiene por qué ser un fin en sí mismo ni reducirse a un simple producto de exportación.
Alrededor de una gran operación minera gravita un complejo ecosistema de servicios: ingeniería, construcción, desarrollo de software, metalmecánica, tratamiento de aguas y logística avanzada. Una política de Estado inteligente apuntaría a que una fracción cada vez mayor de esa cadena de valor sea absorbida por empresas peruanas. No es necesario ensamblar un vehículo eléctrico en Arequipa de forma inmediata para evidenciar progreso. Bastaría con que una compañía nacional se consolide como proveedora tecnológica de una mina local, para luego exportar ese conocimiento y prestar servicios en mercados altamente competitivos como Chile, Canadá o Australia. Ese es el verdadero valor agregado que permite trascender la condición de mero exportador de materias primas.
El otro gran desafío es, inevitablemente, institucional y social. Resulta inviable pretender atraer inversiones de tal magnitud si la inestabilidad política pone constantemente en tela de juicio las reglas del juego. Tampoco se puede exigir que las comunidades rurales celebren la llegada de un proyecto guiadas únicamente por la promesa macroeconómica del “crecimiento”. Una población aledaña a un tajo minero se plantea interrogantes mucho más pragmáticas respecto a las mejoras tangibles en su calidad de vida. Si tras décadas de extracción una comunidad sigue transitando por trochas de tierra, acudiendo a postas médicas desabastecidas y enviando a sus jóvenes a colegios en ruinas, es imposible persuadirla sobre las bondades del modelo. El problema no radica en el recurso, sino en la crónica incapacidad estatal para transformar la riqueza fiscal en bienes públicos, evidenciando que de nada sirve batir récords de recaudación si las autoridades carecen de capacidad de ejecución.
A esta compleja dinámica interna se suma una dimensión internacional ineludible. La carrera global por los minerales críticos se ha intensificado y potencias emergentes como la India buscan asegurar su suministro en América Latina para mitigar la dependencia respecto a las cadenas de valor dominadas por China. Hoy, el cobre peruano ha dejado de ser un mero asunto geológico o comercial para convertirse en una ficha geopolítica de primer orden. El país tiene la inmensa ventaja de presentarse como un proveedor clave para un mundo urgido de diversificar sus fuentes, pero capitalizar esta posición requiere de algo que no se extrae de la tierra: una estrategia país. No se trata de vivir atados a los vaivenes del precio internacional ni de celebrar prematuramente con cada récord de cotización, pues los superciclos son efímeros.
El Perú no controla la cotización de la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, ni dicta las proyecciones de crecimiento asiático o las políticas arancelarias estadounidenses. Lo único que recae bajo control interno es el destino y la gestión de la renta generada, y es allí donde debería centrarse el debate público. Quizá la mayor amenaza no sea el futuro agotamiento de las reservas cupríferas, sino el riesgo histórico de que, mientras el mundo demanda desesperadamente este mineral, el país repita su vieja maldición: ser bendecido con un recurso extraordinario y conformarse únicamente con venderlo. Esta vez existe el imperativo de trazar un rumbo distinto; no para dejar de ser una plaza minera, sino para lograr, definitivamente, transmutar dicha actividad en desarrollo tangible.
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