La semana pasada, se reveló que el gobierno federal de Estados Unidos está contemplando adquirir el 90% de la aerolínea Spirit Airlines a cambio de un rescate financiero. En vez de dejar que la empresa caiga en la bancarrota al no poder competir en el mercado, el gobierno será dueño de ella y usará fondos públicos para hacerla competir con aerolíneas privadas si decide proseguir con el plan. Este caso no se trata simplemente de una posible mala decisión aislada. Representa solo el ejemplo más reciente de lo que se ha vuelto una política cada vez más extensa del Gobierno Estadounidense: el corporativismo estatal.
Desde que llegó Donald Trump al poder en enero del 2025, el gobierno se ha vuelto dueño parcial de unas 16 empresas. Muchas son compañías de mayor tamaño y en sectores críticos. Según el Council on Foreign Relations, el gobierno ha gastado US$21.000 millones en esas adquisiciones.
Esta forma de corporativismo estatal es novedosa para Estados Unidos. En el pasado, cuando hubo rescates financieros o intervenciones en las que el gobierno controló las acciones de empresas privadas, se realizaban de manera voluntaria y en momentos de emergencia. Además, la propiedad estatal era temporal por diseño. Las adquisiciones nuevas del Estado estadounidense, en cambio, contemplan ser permanentes y no han necesitado de una crisis para que se den.
“El corporativismo estatal de Trump –explica el experto Scott Lincicome– ha ido acompañado habitualmente, como mínimo, de una apariencia de coacción estatal”. El año pasado, por ejemplo, Trump amenazó con negarle a Intel, empresa de chips para computadoras, miles de millones de dólares en subsidios bajo una política industrial que inició el presidente Biden. Trump también dijo que debería despedirse al jefe de Intel, quien terminó entregando casi el 10% de las acciones de la empresa al Estado a cambio de subsidios federales.
A través del uso de fondos públicos y el poder regulatorio, el Estado estadounidense ahora puede influir –y en varios casos tomar– las decisiones gerenciales y de inversión de numerosas empresas en sectores como el de los chips, minerales críticos, energía y demás.
Lejos de fortalecer la economía estadounidense, como dice Trump, esta política distorsiona la toma de decisiones, politizándolas y creando favoritismo en el mercado, reduciendo así el uso eficiente de los recursos económicos. Poner al gobierno a escoger ganadores y perdedores y usar dineros públicos para ello solo conducirá al malgasto y a la mala inversión de los sectores privado y público.
Podemos esperar que el corporativismo estatal de Trump siga expandiéndose, pues cada intervención parece alentar más intervencionismo. De hecho, a raíz de la posible adquisición de Spirit ya están apareciendo otras aerolíneas pidiendo el mismo tipo de rescate. Se desconoce si lo recibirán o no, así como cuál será el criterio que se usará para tomar esa decisión. No olvidemos que Spirit está en su precaria situación luego de que el gobierno de Biden desautorizara su compra por otra aerolínea. Esto se hizo por preocupaciones de que reduciría la competencia.
Lincicome también documenta cómo otras políticas industriales y de rescate bajo los presidentes Bush, Obama y Biden prepararon el camino para que Trump pueda implementar un corporativismo estatal más agresivo. Según el Council on Foreign Relations, lo que Trump ha hecho hasta ahora es solo el principio, ya que el Gobierno Estadounidense está autorizando mayores recursos para seguir adueñándose de empresas privadas.
El corporativismo estatal de Estados Unidos representa un rumbo nuevo para ese país. Un rumbo que lo aleja de su exitosa tradición basada en el libre mercado y que lo acerca a una pobre tradición de países menos desarrollados.
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