El expediente del sombrero

El sombrero campesino es lo primero que se ve en Roberto Sánchez. Pero vive en Lima, estudió psicología en Lima, y su experiencia profesional también la ha desarrollado en Lima. No proviene del campo ni es agricultor, por más sombrero que se ponga. Además, es actualmente congresista y ha sido ministro. Entonces encarna exactamente lo que su plan pretende combatir: un actor del sistema político centralizado en Lima que ya tuvo el poder y lo desperdició.

Y este hecho es uno que el plan de gobierno de Juntos por el Perú prefiere ignorar: ya gobernaron. Sánchez fue ministro de Castillo de principio a fin. El mismo gobierno en el que Bruno Pacheco, secretario presidencial, fue encontrado con US$20.000 en el baño de su despacho en Palacio “producto de sus ahorros”. El mismo que ofreció comprar urea cuatro veces para la agricultura familiar sin cumplirlo, mientras el sector agrario estaba en emergencia. Y el mismo en el que los homicidios promediaron 4,22 muertes diarias, según el Sinadef, el índice más alto entre todos los presidentes desde el 2017 (y punto de partida del repunte de inseguridad que el Perú no ha revertido). Ese fue el castillismo que ahora vuelve básicamente con las mismas ideas.

Dicen que la Constitución de 1993 ha impedido que el Estado desarrolle proyectos empresariales de gran envergadura. La Refinería de Talara lo refuta: con la misma Constitución vigente, Petro-Perú ejecutó una inversión pública que cuadruplicó su presupuesto hasta bordear los US$6.000 millones. El Estado tuvo todo el espacio para actuar, y lo desperdició igual.

El plan afirma que el modelo no reduce la desigualdad ni la pobreza. Los datos del INEI no le hacen el favor: la pobreza monetaria cayó de 58,7% en el 2004 a 20,2% en el 2019, y el índice de Gini bajó de 53,3 en 1997 a 40,1 en el 2024. ¿El modelo falló? O quizás el problema es que los números no caben en el relato.

Sobre los recursos naturales, el documento dispone la gestión estatal directa del gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo y puertos. ¿En serio planea gestionarlos vía empresas públicas? Según el Banco Central de Reserva del Perú, a inicios de los noventa esas 180 empresas estatales registraban pérdidas por S/11.274 millones. Tras las privatizaciones, en 1995 el mismo sector generó utilidades por S/514 millones. El experimento ya se hizo. Ya se sabe cómo termina.

También dice que los privados podrán invertir en la explotación de recursos naturales, pero solo en alianza público-privada. ¿Se refiere a que el Estado aporte cofinanciamiento y garantías en operaciones que pueden ser financiadas totalmente por el sector privado? Es absurdo. Y si se trata de preservar la “soberanía”, recordemos que cuando las operaciones se concesionan, el Estado sigue siendo dueño de los recursos naturales.

Sobre los impuestos a la extracción de recursos naturales, el documento afirma como novedad que todo aquel que explote recursos naturales deberá pagar por hacerlo, como si –por ejemplo– la minería no pagara ya impuesto a la renta, regalías e impuesto especial a la minería.

El plan propone renegociar los tratados de libre comercio para recuperar “soberanía”. Más del 91% de nuestro comercio exterior se realiza con países con los que tenemos tratados. Renegociarlos no recupera soberanía: pone en riesgo cerca de un millón y medio de puestos de trabajo para que el plan pueda usar esa palabra en su portada.

Ya gobernaron, y trajeron las mismas ideas. Tuvieron el poder y lo dilapidaron en corrupción, promesas incumplidas y una gestión que dejó al campo sin fertilizantes y a las ciudades más inseguras. Ahora vuelven con el mismo discurso y el mismo sombrero. La pregunta no es si el plan funcionaría: es si alguien que ya demostró que no puede gobernar merece que se lo volvamos a confiar.