Gonzalo Banda

Mientras escribo esta columna, la Policía Nacional del Perú y la fiscalía realizan una diligencia en Palacio de Gobierno, en la que esperan detener a la cuñada del presidente , . No sé cómo acabará, pero resulta oprobioso que personal de seguridad del Estado haya puesto obstáculos para realizar la detención. Como si Palacio de Gobierno fuese un territorio liberado donde las leyes peruanas no se cumplen. Como si los privilegios que alcanzan al presidente se extendieran a su familia. También se ha realizado la detención preliminar del alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, que habría sido sindicado por el exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, como uno de los cajeros de la organización criminal de la que también formaría parte el mandatario. Se suman a estas detenciones la de los hermanos Anggi y Hugo Espino Lucana.

Las redes de corrupción de gobiernos que se encuentran en el cargo, que son desmontadas por el trabajo del Ministerio Público, son parte del paisaje cotidiano de nuestra política en regiones. Por eso, antes que comparar al presidente Pedro Castillo con políticos como Evo Morales o Hugo Chávez, había que compararlo con políticos regionales como Walter Aduviri o Elmer Cáceres Llica. Llegan al poder y se rodean de círculos de confianza amicales y familiares antes que del entorno del partido político. Ante la debilidad del vínculo partidario, el político se entrega a sus amigos y familiares. No hay lealtad por convicción ideológica, sino por el reparto patrimonialista. Negocian rápidamente gerencias regionales, direcciones y reparto de cupos. Al haber desaparecido la reelección, no hay estímulos para sentar las bases de gobiernos ambiciosos con políticas de mediano aliento, sino que es una carrera contra el tiempo para saquear lo más que se pueda. A veces parece que estas redes de corrupción facilitan el trabajo del Ministerio Público por su desprolijidad en las fechorías.

Así, la corrupción se reproduce de manera más acelerada. Estos círculos de poder terminan cayendo precipitadamente porque la precariedad de sus organizaciones hace que comiencen a dejar rastros descarados. Generalmente, caen con un efecto dominó que difícilmente deja indemne al gobernador regional. No sorprende el mal que hacen, sino la rapidez con la que se difunde. Que casi una decena de gobernadores elegidos en las últimas elecciones regionales estén en prisión o afrontando juicios penales nos muestra su propensión a la descomposición acelerada. Si la política nacional tuvo redes de corrupción sofisticadas y testaferros que complicaban seguirle la pista a los peces gordos, la política regional es un dechado de putrefacción impúdica acelerada.

Si el Ministerio Público tiene un caso sólido contra el entorno presidencial solo lo podremos saber con el paso de los días. Ya hemos sido testigos de detenciones preliminares que encendieron a la opinión pública en el pasado y luego terminaron muriendo en la orilla, mermando la credibilidad de la fiscalía en casos emblemáticos. Como se ha sostenido en esta columna en muchas ocasiones, antes que llamar a los militares para dar golpes de Estado o denunciar fraude electoral como los políticos con olor a naftalina propusieron, hay que dejar que los fiscales hagan su trabajo.

No se trata de una boda roja para Pedro Castillo. O, por lo menos, no ahora necesariamente. El cambio de estilo del presidente en sus últimos discursos donde el candidato populista volvió a la carga no anticipaba que el Ministerio Público comenzara a acechar Palacio. Dirigió sus últimas invectivas contra los medios de comunicación y contra los políticos tradicionales. Y ahí Castillo encontró una veta que se siente muy cómodo de explotar y que no había podido capitalizar desde que estuvo en campaña. El populista irredento volvió a las andadas y pocas cosas lo encienden más que el contacto con la plaza pública, pero, como sucedió con muchos políticos regionales, las pistas que se iban dejando en el camino hacían que los fiscales se animen a dar pasos más agigantados. El discurso en el que ofreció su mano por última vez parece haber envejecido muy pronto.

Seguramente, la predecible retórica de los defensores del mandatario pasará por denunciar una persecución política. Ya veo los comunicados de muchos asalariados del gobierno inundando redes, dirán que ahora el Ministerio Público también se ha sumado a los políticos golpistas, prestarán su retórica para defender la quincena. El Congreso, golpeado durísimamente en su popularidad, se envalentonará, volverá a creer que pueden deshacerse del presidente y asumir la posta sin dar un paso al costado. Cada vez me convenzo más de que, antes que en un equilibrio precario, estamos en un laberinto.

Gonzalo Banda es analista político

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