Bien se sabe que el Perú tiene oportunidades, pero también sufre amenazas y peligros. Durante su historia, la ciudadanía ha sabido enfrentar graves desafíos, pero esto no implica desconocer u olvidar que su superación ha dejado, en ciertos casos, brumosas huellas en la vida del país.
En tiempos actuales hace falta llamar la atención sobre tres amenazas que, en especial por su conjunción, están perturbando el funcionamiento del Estado y la vida social: la extrema debilidad institucional, la corrupción y el crimen organizado. Son tres patas de una mesa infausta cuya instalación permanente hay que evitar a toda costa.
El crimen organizado tiene como una de sus principales ‘fortalezas’ su enorme poder económico; por eso, es crucial golpear y debilitar su millonario blanqueo, que le permite poner en valor de mercado su producción malhabida. Es lamentable, por ejemplo, que las sentencias por lavado sean muy pocas. La minería ilegal y la informal lavan masivamente, lo que está generando un sector empresarial de origen ilegal en regiones y en la capital del país.
El 2025 se aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030. El grupo de trabajo multisectorial que la elaboró estuvo conformado por 23 entidades públicas, una articulación nada fácil de lograr. Lo presidió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su secretaría técnica le correspondió a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La política aprobada acordó cuatro objetivos básicos, a cuyo logro difícilmente se opondrán quienes estén contra el blanqueo: 1) reducir el comportamiento susceptible de constituir un acto de lavado de activos, 2) mejorar la implementación de los sistemas de prevención del lavado, 3) fortalecer la capacidad del Estado para combatirlo, y 4) mejorar la coordinación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil en la lucha contra el lavado de activos.
La importancia de interesarse en esta política reside en que aplicarla –como cualquier medida similar– obliga a la coordinación estrecha de instituciones públicas. Exige superar la falta de voluntad política, la desarticulación del Estado y las carencias presupuestales. Por todo esto, tendría que ser, desde ya, parte central de la agenda electoral. ¿Pero cuántos candidatos la conocen? ¿Por qué limitarse a generalidades o a proponer solo cárceles? Harían bien en referirse a esta política nacional contra el lavado (2026-2030), sea para apoyarla, criticarla de manera parcial, mejorarla o, por último, desecharla.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
WUF
