El Niño: en Educación también estamos llegando tarde

El 28 de agosto, el ENFEN elevó al 62% la probabilidad de que El Niño costero alcance magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027. Dos semanas antes, esa probabilidad era del 41%. El pico se espera entre noviembre y diciembre, y las condiciones cálidas se prolongarían hasta abril de 2027.

Conviene leer esa proyección junto con otro dato: de las más de 55 mil instituciones educativas públicas del país, cerca de 27 mil se encuentran en situación de riesgo, según el propio Pronied. Y junto con un tercero: el 27 de agosto, el Gobierno declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional mediante el Decreto Supremo 013-2026-MINEDU y otorgó al Ministerio de Educación un plazo de treinta días hábiles —que vence en la primera quincena de octubre— para formular la norma que creará un sistema funcional de infraestructura educativa y su ente rector.

Es decir, la norma que definirá cómo el Estado gestionará las escuelas del país durante la próxima década se está escribiendo exactamente en las semanas previas a la temporada de lluvias más severa que se anticipa desde 2017. Esa coincidencia no es un detalle administrativo. Es una oportunidad que no se repetirá pronto y el argumento central de este artículo es que no deberíamos desaprovecharla reduciendo el nuevo sistema a una discusión sobre obras.

La unidad de análisis equivocada

Cuando hablamos de preparar a las escuelas frente a El Niño, solemos concentrarnos en techos, drenajes, instalaciones eléctricas, accesos y estructuras vulnerables. Es indispensable hacerlo. También es insuficiente.

Las cifras del Niño costero de 2017 lo muestran con claridad. Aquel evento dejó 354 instituciones educativas destruidas y 3266 afectadas. Pero, en el mismo periodo, destruyó 66 093 viviendas y afectó otras 371 370. El fenómeno no distingue entre infraestructura educativa y vivienda: una inundación o un huaico comprometen a la vez el colegio, la casa del estudiante, la vía de acceso, el agua potable, la electricidad y el establecimiento de salud. Un colegio físicamente operativo no garantiza que los niños puedan asistir a clases si el entorno colapsó.

Por eso, la unidad de análisis no puede seguir siendo el local escolar. Debe ser la comunidad educativa y su territorio inmediato. De esa premisa se derivan siete medidas concretas, todas ejecutables antes de que empiecen las lluvias intensas y ninguna de ellas dependiente de un nuevo presupuesto extraordinario.

1. Clasificar públicamente el riesgo, colegio por colegio

El Estado debería publicar la clasificación de cada institución educativa por nivel de riesgo —crítico, alto, medio o bajo—, identificada por su código modular. La priorización debe considerar la condición estructural del local, su exposición a inundaciones, huaicos y deslizamientos, sus accesos y servicios básicos y, adicionalmente, la vulnerabilidad de los hogares de sus estudiantes.

No se trata de que cada colegio inspeccione las viviendas de sus alumnos. Se trata de cruzar información que el Estado ya produce: mapas de peligro, zonas inundables y quebradas activas, características de la vivienda, accesibilidad, cobertura de servicios y localización de la población estudiantil. Ingemmet ya desplegó brigadas para identificar más de 2100 puntos críticos en catorce departamentos. Educación sabe dónde están sus estudiantes. Vivienda dispone de información habitacional y territorial. Los gobiernos regionales y locales conocen sus vías y sus servicios.

El desafío no es crear otro sistema. Es hacer conversar a los que ya existen y asignar a alguien la responsabilidad de que conversen.

2. Intervenir ahora, con el financiamiento que ya está disponible

No toda acción preventiva requiere un proyecto de inversión. Impermeabilizar cubiertas, reparar e instalar canaletas, redimensionar drenajes, proteger tableros eléctricos y cisternas, estabilizar taludes, despejar rutas de evacuación o sellar puntos de ingreso de agua puede significar la diferencia entre mantener una escuela operativa y cerrarla. El Pronied ya anunció un plan de mantenimiento preventivo de coberturas y sistemas de drenaje para los colegios en riesgo, sujeto a la asignación presupuestal correspondiente.

Vale la pena precisar algo sobre ese “sujeto a”: el Decreto de Urgencia 008-2026, publicado en agosto, ya habilita a entidades del Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a reasignar recursos para proteger colegios, vías y otra infraestructura pública expuesta, con excepciones expresas a las restricciones de la Ley de Presupuesto. El país destinó más de S/ 4200 millones a prevención para 2026 y 2027. El problema, entonces, no es exclusivamente de disponibilidad de fondos: es de criterio de priorización, capacidad de ejecución y velocidad.

A ello puede sumarse un mecanismo probado y subutilizado en este campo: Obras por Impuestos. Para intervenciones de escala menor, estandarizables y de ejecución rápida —precisamente el perfil del mantenimiento preventivo escolar—, permite movilizar capacidad privada de gestión sin esperar el ciclo ordinario de inversión pública. Es una vía que los gobiernos regionales de la costa norte deberían estar activando este mes, no en enero.

Desde la gestión de infraestructura, hay una regla elemental: postergar una intervención necesaria no ahorra. Traslada el costo hacia adelante y lo multiplica. Primero lo pagan los estudiantes con riesgo y clases perdidas; después, sus familias; finalmente, otra vez el Estado. Tres años después de la emergencia de 2017, solo se había reconstruido alrededor del 6% de los colegios afectados. Ese es el precio real de llegar tarde.

3. Planes de continuidad educativa, no solo de infraestructura

Habrá situaciones en las que la prevención no baste. La suspensión de clases ya no es una hipótesis: el Ministerio de Educación adelantó al 27 de noviembre el cierre del año escolar en Piura, tres semanas antes de lo previsto, precisamente para que el calendario no coincida con el periodo de mayor riesgo.

Esa decisión es correcta, pero llegó como respuesta puntual a una región. Debería convertirse en un instrumento previsto: un calendario escolar flexible para territorios de alta exposición, que permita adelantar horas lectivas y “ahorrar” días de clase antes del pico de lluvias, en lugar de improvisar recortes cuando la emergencia ya está encima. También debería proyectarse sobre el inicio del año escolar 2027, que se producirá con la temporada de lluvias aún activa.

En paralelo, cada institución educativa en zona de riesgo crítico debería contar hoy con un plan de continuidad: locales alternativos identificados, espacios temporales, posibilidades de traslado y, cuando corresponda, mecanismos semipresenciales. La pregunta no es si habrá que suspender clases. Es cómo garantizamos que la educación continúe cuando el edificio no pueda usarse.

4. Un protocolo para el colegio que se convierte en albergue

Un colegio seguro puede ser, durante una emergencia, uno de los pocos edificios públicos capaces de proteger a la población. En 2023, tras el ciclón Yaku, varias instituciones educativas usadas como albergues iniciaron el año escolar una semana después que el resto.

Es una función legítima, pero no debe improvisarse: proteger temporalmente a las familias no puede significar interrumpir indefinidamente la educación de los estudiantes de ese local. Los territorios de mayor exposición deberían definir por anticipado qué colegios podrían cumplir esa función —por seguridad estructural, capacidad, servicios higiénicos, disponibilidad de agua y ubicación—, con qué límite de tiempo y bajo qué esquema alternativo de atención educativa y, sobre todo, cuáles no deberían usarse nunca para ese fin.

Conviene notar la secuencia que viene: un mismo local escolar puede ser, en apenas cuatro meses, aula, local de votación y albergue.

5. Transparencia sin costo adicional

El Decreto de Urgencia 008-2026 ya obliga a las entidades que reciban o reasignen recursos para El Niño a reportar mensualmente el avance físico y financiero de sus intervenciones a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño. La obligación existe. Lo que falta es que ese reporte sea público, comprensible y desagregado por local escolar.

Un padre de familia debería poder conocer no solamente si el colegio de sus hijos está clasificado en riesgo, sino también qué intervención se programó, con qué presupuesto, a cargo de qué entidad, con qué fecha de término y qué porcentaje de avance registra. Publicar lo que ya se reporta no cuesta un sol adicional y convierte una intención administrativa en un compromiso verificable. Lo que no tiene responsable, plazo e indicador difícilmente puede evaluarse.

6. El riesgo de la transición: 13 148 autoridades nuevas en pleno pico

Este es, probablemente, el punto menos discutido y el más urgente. El 4 de octubre se eligen 13 148 autoridades regionales y municipales. Asumirán funciones el 1 de enero de 2027, es decir, en el momento exacto en que se proyecta el pico de El Niño. Los alcaldes y gobernadores que hoy conocen sus quebradas, sus puntos críticos y sus colegios vulnerables no serán, en muchos casos, quienes gestionen la emergencia.

Dos medidas simples reducen ese riesgo. La primera: incorporar en las actas de transferencia de los gobiernos regionales y locales un expediente obligatorio y estandarizado de riesgo y continuidad educativa —colegios clasificados, intervenciones en curso, locales alternativos identificados, protocolo de albergues y contratos vigentes—, de modo que la información no dependa de la voluntad de quien entrega el cargo. La segunda: aprovechar que la mayoría de los locales de votación son colegios y que el 4 de octubre habrá personal del Estado en cada uno de ellos para levantar, en esa misma jornada, una ficha básica y homogénea sobre el estado del local. Sería el inventario más barato y más rápido que el país puede obtener antes de las lluvias.

7. Reconstruir corrigiendo, no repitiendo

Después de la emergencia queda una tarea que solemos eludir: romper el ciclo de daño, reparación y nuevo daño. Si un colegio se inunda de manera reiterada, reparar sus paredes y devolverlo al servicio en las mismas condiciones no es una solución; es un anticipo del siguiente gasto. Reconstruir debe significar corregir la vulnerabilidad que permitió el daño y, en algunos casos, aceptar que la respuesta correcta es la relocalización.

Lo mismo vale para la vivienda. Una familia que perdió su casa, sus pertenencias o su fuente de ingresos tendrá enormes dificultades para sostener la asistencia y el aprendizaje de sus hijos. No hay continuidad educativa que se sostenga sobre un hogar destruido.

Cómo mediremos el resultado

Los indicadores de éxito frente a El Niño no deberían limitarse a contar colegios reparados después de las lluvias. Deberíamos medir cuántos estudiantes fueron protegidos, cuántas familias vulnerables fueron identificadas antes de la emergencia, cuántos días de clase evitamos perder, cuántos locales dejaron de estar expuestos al mismo riesgo y cuántos colegios críticos llegaron a la temporada con un plan de continuidad efectivamente aprobado.

El Perú conoce los efectos de El Niño. Conoce sus territorios más vulnerables y dispone de información suficiente para anticiparse. Tiene, además, algo que no siempre ha tenido: una norma en elaboración que puede institucionalizar todo esto de manera permanente y un plazo que vence en octubre.

Una escuela resiliente no es solamente aquella cuyo edificio resiste la lluvia. Es aquella cuya comunidad puede atravesar una emergencia sin que sus niños pierdan al mismo tiempo seguridad, vivienda y educación.

El fenómeno natural no podemos detenerlo. Llegar muy tarde sí podemos evitarlo.