Al final de una década (2016-2026) en la que habremos completado 10 presidentes, marchamos a nuevas elecciones generales con el garante principal, el presidente José María Balcázar, pendiendo dramáticamente de un hilo, por provenir de una irregular sucesión en el mando y por enfrentar una grave crisis de confianza en su base de poder.
En este cuadro de coyuntura no veo otra motivación que la valientemente patriótica de Hernando de Soto para tomar en sus manos, desde la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la pita de un globo que podría reventar al primer gran pinchazo de opinión pública. Confiemos en que haya medido los riesgos y consecuencias de acompañar a un mandatario de izquierda radical que busca momentáneamente adornarse de su prestigio liberal.
Quizás la actuación expectante de De Soto en el escenario central de la política nacional pueda contribuir a frenar el desborde de ilegalidad que vive el país transversalmente, al extremo de que el caos político, ahí donde se instala, busca cada vez más normalizarse y legitimarse en los mecanismos del Estado de derecho. Ahora resulta que el caos político tiene su “orden legal” e inclusive su “orden constitucional” para destituir a un presidente y designar a su sucesor. De otro modo no estaría el señor Balcázar donde está ni tampoco el señor De Soto donde está, en un ensayo, más allá del agua y el aceite, en el que este va a desear, efectivamente, ejercer como “primer ministro” a plena luz pública y con tanto o más poder que el propio inquilino “titular” de Palacio de Gobierno.
Así como llamamos, en exceso, “primer ministro” a un coordinador de Gabinete Ministerial, ahora llamamos, en déficit, “presidente encargado” al jefe del Estado en sucesión. Es tal el caos político respecto de la separación de poderes que no sabemos si vivimos en un sistema presidencialista o en otro parlamentarista. Cada poder en ejercicio busca su propio “orden legal” para imponer sus decisiones, como Martín Vizcarra cuando disolvió el Congreso en el 2019 o cuando el JNE, presidido por Jorge Salas Arenas, admitió en el 2021 la incompleta fórmula presidencial de Perú Libre, con un solo vicepresidente.
Todo el tiempo nos rasgamos las vestiduras frente a la minería ilegal y el crimen organizado, mientras todo el tiempo convalidamos el caos político amparado en su propio “orden legal”, que no es precisamente el constituido y legítimo de nuestra estructura institucional. Pero, mal que nos pese, este prefabricado “orden legal” termina imponiéndose como tal y adquiriendo plenos derechos, como el “derecho” a postular a la presidencia con sentencia penal no declarada y con desbalance patrimonial no explicado, sin que al JNE se le mueva una ceja.
Como lo acaba de advertir Fernando Rospigliosi en su columna de ayer en “Expreso”, la institucionalidad del país, de la que no es ajeno De Soto pero sí Balcázar, atraviesa el grave e inminente riesgo de desplomarse, devorada por el prefabricado “orden legal” del caos político, tan contagioso que cada quien persigue romper fácilmente las frágiles reglas del sistema democrático.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
WUF
