(Ilustración: Giovanni Tazzza)
(Ilustración: Giovanni Tazzza)
Carlos Basombrío Iglesias

Analista político y experto en temas de seguridad

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El periodo 2016-2021 será recordado como uno de los más convulsos y frustrantes de la historia política reciente. A pesar de ello –o quizás por ello– se abrieron las puertas para las reformas políticas y para una lucha frontal contra la corrupción.

Compartí la ilusión de muchos de que las cosas podían cambiarse significativamente y para bien en ambos frentes. Lamentablemente siento que han perdido el ritmo y lo que se inició con gran brío empieza a convertirse en una parada de borricos.

A nivel de las reformas políticas, por el esfuerzo casi solitario de algunos congresistas, hay avances a resaltar. A saber, mecanismos de fiscalización del dinero en campañas electorales, exclusión de condenados en primera instancia, así la como paridad y alternancia.

No vamos a tener para el 2021, sin embargo, las que a mi juicio eran las tres reformas fundamentales: Senado, elecciones internas abiertas y eliminación del voto preferencial.

La primera se perdió cuando Vizcarra eliminó demagógicamente la reelección congresal para asegurar el triunfo del referéndum; y, en respuesta, los congresistas quisieron meterla de contrabando en la pregunta sobre el Senado, por lo que el presidente pidió ya no votar por esa reforma (recuerden el SI, SI, SI, NO que arrasó el 2018). Las elecciones internas con un militante un voto, con la ONPE a cargo y la eliminación del voto preferencial fueron traicionadas por el actual Congreso. Para eliminar las primarias abiertas, el Congreso contó con la complicidad del COVID-19.

El saldo: en el 2021 tendremos entre 20 y 24 candidaturas. Al final ni siquiera podremos recordar sus nombres y será tal la melcocha, que ningún debate de ideas que merezca el nombre se producirá. Súmenle que habrá entre 2.600 y 3.120 candidatos al Congreso, compitiendo por ganarle a los de su propio partido.

Estaremos como cuy en tómbola y, sin saber bien por qué, nos guareceremos en alguna de las cajas. Eso, si es que vamos a la kermesse. El ausentismo fue ya muy alto en el 2020 y con pandemia muchísimos preferirán la salud a la urna. ¡44%, según El Comercio-Ipsos!

La decepción es también con la justicia. Han pasado ya casi cinco años de que se conocieran las coimas de Lava Jato y, más allá de la indignación pública, muy poco ha sucedido. Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron acusados por Barata en enero del 2017. Hace 16 meses la fiscalía hizo su acusación para ir a juicio y todavía nada. En el Caso Cocteles, que ha llevado dos veces a prisión preventiva a Keiko Fujimori, la investigación se inició en el 2016, pero todavía los fiscales no presentan la acusación formal.

En otro escenario, en abril del 2019 se anuló el primer juicio contra Daniel Urresti por el homicidio de Hugo Bustíos y el nuevo se anunció para el mismo mes del 2020. Recién hace algunas semanas parecía que empezaba, pero el aludido inventó una excusa y no fue. En concreto: nada.

¿Qué tienen en común los personajes mencionados? Qué sin haberse definido su situación jurídica, van a ser protagonistas de las elecciones ya convocadas.

Y no son los únicos entre los que hoy andan primeros que tienen vulnerabilidades por ese lado. Verónika Mendoza hizo anotaciones de puño y letra en las famosas agendas de Nadine, aquella de donde se han sacado tantas corroboraciones sobre dineros mal habidos. Tampoco le facilita la vida el usar como vientre del alquiler al partido de Yehude Simon, con detención domiciliaria por acusaciones de coimas de Odebrecht.

Incluso Julio Guzmán tiene también una investigación por aportes de Odebrecht. A menos que haya algo que sepa el fiscal Pérez y que nosotros desconozcamos, en este caso la motivación parece bastante chambona. Aun así, esto no lo ayudará en la próxima campaña electoral, a la cual ya arrastra serios problemas de imagen.

Puedo ir más allá. Entre los 16 que tienen al menos 1% de la intención de voto en la reciente encuesta de Ipsos, 10 tienen algún “asunto pendiente” con el Ministerio Público.

La pasmosa lentitud en resolver asuntos que pueden tener implicancias judiciales se convierte en un problema para las elecciones del 2021. Ahora bien, tampoco acusaciones gravísimas debieran resolverse en 10 días.

En la última crisis, en la que era inocultable que Merino apostaba por la vacancia, Vizcarra y el Gobierno en su conjunto hablaban de un vil intento por desestabilizar la democracia, de una conspiración y un intento de golpe de Estado. Con tan graves delitos sobre la mesa, no me deja de sorprender que tan solo 10 días después se reúnan en privado y den cuenta de hechos superados, de dar vuelta a la página y de la búsqueda de una agenda legislativa compartida.