La ley del aplauso, por Federico Salazar

El suboficial PNP Elvis Miranda Rojas ha sido liberado. Un hábeas corpus, dictado en Huancayo, ha desvirtuado la prisión preventiva que venía cumpliendo.

Miranda acudió al llamado de un ciudadano al que habían asaltado. Juan Carlos Ramírez Chocán, uno de los delincuentes, fue alcanzado por los policías. Miranda lo conminó a detenerse, hizo disparos al aire, y finalmente disparó contra el sujeto, ocasionándole la muerte.

Al caer abatido, Ramírez fue socorrido por los policías, pero un tumulto de gente trató de impedirlo. Según Miranda, el sujeto iba armado, pero, en el tumulto, se habría sustraído el arma.

Ramírez Chocán fue enterrado en medio de arengas, disparos al aire y gestos rituales, con cerveza sobre el ataúd. Tenía antecedentes por robo y era un desertor del Ejército.

La fiscal Lidia Castillo Chirinos pidió nueve meses de prisión preventiva contra el policía por delitos de homicidio simple y abuso de autoridad.

El policía, ¿debió disparar? El asaltante, ¿estaba armado?

Para disparar, un policía debe cumplir con un protocolo. Está demostrado que Miranda hizo disparos al aire previos. ¿Pudo disparar de manera no letal? ¿Qué dice el peritaje balístico sobre la trayectoria, la distancia, el impacto?

Miranda sostiene que el delincuente hizo el ademán de sacar un arma. En cualquier país del mundo, esto es suficiente para liberar al agente de responsabilidad penal.

Cabe preguntarse, sin embargo, si hubo testigos o grabaciones. ¿O se trata solo de un dicho? El proceso debe seguir.

El juez de primera instancia y, luego, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura otorgaron y ratificaron, respectivamente, la prisión preventiva.

El argumento admitido por la justicia de Piura fue el riesgo procesal.

El hábeas corpus no se pronunció sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva. Advirtió que el riesgo procesal no puede basarse en una suposición (Sent. Ha. Co., Nr. 003-2019-CSJJ/2do. JIP-EBM).

Los jueces de Piura sostuvieron que el arraigo laboral de Miranda “no tiene la entidad que garantice que el agente no vaya a incurrir en la misma conducta…”.

O sea, para los jueces, Miranda regresaría a la PNP a seguir matando indiscriminadamente.

Adicionalmente, se basaron en declaraciones de una testigo, que señala que viene siendo seguida por sujetos en motos y camionetas de lunas polarizadas. Califican esto de amedrentamiento para “perturbar la actividad probatoria, a favor del imputado” (Miranda).

Los magistrados piuranos consideran que la declaración de Miranda sobre el arma no encontrada obstaculiza la justicia. Son razonamientos circulares: “Si eres abusivo, en libertad seguirás siendo abusivo y, además, mandas a amedrentar a los testigos”.

En el norte, ha habido casos de abuso de autoridad. Los jueces, al parecer, querían congraciarse con las víctimas de esos abusos. Habrían usado el Caso Miranda no para hacer justicia, sino para ganarse un aplauso.

Las autoridades se alinearon para remplazar la justicia por el aplauso. La fiscalía, el juez de primera instancia y la sala de la Superior actuaron igual.

Esto no sucede solo en Piura. Pensemos en un juez como Richard Concepción Carhuancho. Si aquel hubiera visto la causa, también habría ordenado la prisión preventiva contra el policía.

En el caso emblemático de Keiko Fujimori, por ejemplo, la imputación de obstrucción de la justicia carece de sustento. Se basa en algo parecido al testimonio de la testigo de Piura, que señala que la amedrentan.

Quitar la libertad durante una investigación es algo grave y extremo. Tienen que demostrarse no solo la obstrucción a la justicia, sino la autoría y responsabilidad personalísima en el hecho obstructor.

Puede que motos y camionetas hayan “reglado” a la testigo en Piura. No debe, sin embargo, quitarse la libertad al imputado por suponerse que él mandó a hacer eso.

Lo mismo sucede en el caso de Keiko Fujimori. Para justificar su prisión preventiva tendría que acreditarse (no suponerse) que ella, personalmente, mandó a alterar los testimonios de los aportantes.

Encarcelar a Keiko Fujimori, sin embargo, obtiene muchos aplausos. Más que investigarla en libertad.

En vez de procurar una sociedad bajo el imperio de la ley, vamos hacia un gobierno del aplauso. En vez de llevarnos a la seguridad jurídica, eso únicamente conduce al caos.