(Foto: Miguel Neyra)
(Foto: Miguel Neyra)
Hugo Ñopo

Es el resultado de décadas de abandono. Se repite constantemente que los docentes son los responsables del desastre de la educación peruana. Al maltrato del Estado se ha sumado el maltrato de la población. Se me hace difícil pensar en algún colectivo que haya sido víctima de ‘bullying’ de manera tan consistente por tanto tiempo.

Nuestra educación está crónicamente mal. Cuando se creó el Sutep, en la década de 1970, la educación ya estaba muy deteriorada. De hecho, esa situación fue una de las causas más importantes de su creación. Lo dicen los libros de historia. Me lo dijo mi madre, docente de Castellano y Literatura, que estuvo ahí. Lo dicen también los modelos econométricos y los datos internacionales. El mal estado de nuestra educación puede documentarse desde la década de 1950.

En este marco, los salarios de los docentes, y por añadidura el estatus de su profesión, se han deteriorado notablemente, especialmente en la década de 1980. Durante el quinquenio pasado se recuperaron un poco, sí, pero aún están muy por debajo de los niveles en los que se encontraban antes. Cuando yo era niño, el salario de un docente podía mantener a una familia de clase media. Hoy eso sería imposible.

Se dice: 5.000 docentes firmaron los planillones del Movadef, ergo, los profesores son terroristas. Lo que hay que decir es, primero, que firmar un planillón no convierte a un maestro en terrorista. Segundo, que en este país tenemos 300.000 docentes. Los firmantes son 1,7% del total. ¿Es justo estigmatizar a todos los profesores así?

Más ponderado y cercano a la verdad es decir que hay grupos, vinculados a una violencia que debemos terminar de desterrar, que están pugnando por controlar la cúpula de la dirigencia docente. Frente a ello, la pregunta de fondo es: ¿por qué los grupos violentistas tienen la posibilidad de pugnar por el control del Sutep pero a la vez tienen escasa suerte insertándose en otros gremios más consolidados de la sociedad civil? Esto habla también del estatus de la profesión docente en comparación con otras profesiones.

En la última década, los salarios de los trabajadores peruanos han mejorado en términos reales. Los de los docentes también, pero a una tasa menor. El salario mensual de los docentes está en el tercio inferior de la distribución de salarios de profesionales y técnicos del país.

Se ha prometido subir el piso salarial a S/2.000 en diciembre. Pero no nos hemos preguntado por el techo salarial que enfrentan los docentes. Este es poco más de S/3.500. Así va a seguir siendo imposible atraer a los mejores a la profesión.

Pero la precariedad de los salarios docentes es solo un síntoma de algo más grande: el abandono en el que hemos dejado a nuestra educación. Solo una de cada seis escuelas se encuentra en condiciones decentes de funcionamiento. Se ha estimado que poner al día esa infraestructura requeriría 21% del PBI. Para un país que anualmente invierte solo 3,8% de su PBI en educación, esto resulta inalcanzable.

Nuestra inversión en educación es de US$1.200 por estudiante por año. Estamos muy rezagados en comparación con nuestros pares. México invierte el doble de lo que invertimos nosotros. Chile invierte el triple.

Entonces, deberíamos entender esta huelga más allá de ser el “reclamo de los docentes”. Ellos tienen mucho que reclamar, sí, pero lo que deberíamos tener es un reclamo ciudadano. Necesitamos una mejor educación para ser un mejor país y al ritmo que vamos estamos fallando.

Duplicar la inversión educativa en el corto plazo es inviable, especialmente si tomamos en cuenta los niveles de recaudación tributaria. Ese reclamo ciudadano por una mejor educación debería ir de la mano con una mayor toma de conciencia de la necesidad de ser solidarios. La manera directa de hacer eso es pagando impuestos, todos.

A inicios de este año nos enfrentamos a una emergencia climática. Esa adversidad permitió que brotaran entre nosotros las mejores muestras de solidaridad. Esa adversidad nos permitió ver también a un Estado capaz de funcionar, que puede llegar al ciudadano con soluciones concretas a problemas concretos. Pasada la emergencia, se está trabajando en soluciones estructurales que mitiguen los riesgos de las inclemencias climáticas.

Lo de la educación no es una emergencia, estamos frente a un problema estructural. Tenemos una nueva oportunidad de demostrar que podemos estar a la altura de los retos, unidos por la causa común que más importa.