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Hasta ahora, empate destructivo; por Carlos Basombrío Iglesias

“La Comisión de Constitución actúa como si se discutiera el parchado de una vereda y no el futuro del país”.

Carlos Basombrío Iglesias Analista político y especialista en temas de seguridad

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"Han sido un golpe para el presidente las renuncias de Araoz, Bruce y Choquehuanca a la bancada oficialista; quizás, más todavía, la incorporación de la inefable Yesenia Ponce a esta". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Dada la evolución de los acontecimientos, da la impresión de que el presidente Martín Vizcarra consultó poco y solo con un entorno muy personal su propuesta para el adelanto de elecciones. Esta parece haber sido la repetición de un impulso táctico, que un año antes le había funcionado bien. Sin embargo, no parece haber analizado estratégicamente la viabilidad de su nueva propuesta. Más aún, ahora sabemos que desde antes de su mensaje lo estaban chantajeando con audios que lo dejarían en una posición bastante desairada.

En el otro lado, todo parece indicar que Keiko Fujimori, la única persona que sola puede inclinar la balanza, no ha encontrado, en el adelanto de elecciones (como muchos pensábamos iba a ser el caso) un escenario propicio para ella, política y judicialmente. Por el contrario, ha optado por confrontarlo buscando su derrota. Lo muestra la estrategia de patear el tema para más adelante, lo que es casi sinónimo de hacerla inviable (al menos vía el referéndum que Vizcarra anhelaría para coronar su triunfo). El paso del tiempo mantiene la incertidumbre y la Comisión de Constitución actúa como si se discutiera el parchado de una vereda y no el futuro del país. Súmenle que, con Beteta en la Mesa Directiva, Bartra en Constitución y Salazar de vocera, el ala dura ha sido empoderada. Siendo, además, que Torres, Aramayo y Chihuán, entre otros de actitud más moderada, han sido desplazados.

En la misma línea está el mensaje del presidente del Congreso, en el que, disfrazada de una actitud conciliadora, se asume una posición agresiva y paternalista con el presidente (“no tenga miedo a gobernar”), lo cual confirma lo que parece buscan: a saber, cansar al país con el tema y desgastar a Vizcarra para que renuncie.

En ese marco han sido un golpe para el presidente las renuncias de Araoz, Bruce y Choquehuanca a la bancada oficialista; quizás, más todavía, la incorporación de la inefable Yesenia Ponce a esta. Lo más complicado: la vicepresidenta se ha colocado abiertamente en contra de Vizcarra en los temas de adelanto de elecciones y el manejo de la crisis de Tía María.

De no mediar un cambio de timón relevante o alguna conversación bajo la mesa que desconozcamos, la situación puede resumirse, hasta ahora, en un empate destructivo para el país. Por un lado, un presidente con mucha aprobación a su iniciativa y con gente que lo presiona para cerrar el Congreso. Del otro, una mayoría congresal que tiene la capacidad de decidir si su propuesta va o no va y que, en términos de afecto ciudadano, tiene ya muy poco que perder; más bien, que con sangre en el ojo, tiene muy pocas ganas de darle otra victoria.

Entre tanto, se configura un nuevo momento de tensión en la investigación del Caso Lava Jato. Curiosamente, los tres fiscales supremos investigados por “cuellos blancos”, prominentes miembros de la mayoría en el Congreso, el ministro de Justicia y el presidente de la República coinciden en cuestionar que los fiscales, cumpliendo el acuerdo con Odebrecht, soliciten devolver dinero de la venta de Chaglla a esa empresa.

Esta sorprendente coalición de facto no toma en cuenta que los acuerdos están para respetarse y que se previó la opción de aumentar las reparaciones civiles en caso de que la empresa omitiese información, como de hecho ha ocurrido.

En mi opinión, incluso si fuese disyuntivo, que no lo es, el conocer toda la verdad (que se le está sacando con fórceps a Odebrecht) es mucho más rentable para el país que ese dinero. La impunidad es garantía de repetición. En cambio, la sanción nos ayudaría a recuperar la esperanza de que el Perú es viable. (De ninguna manera lo anterior significa avalar la sobreactuación del fiscal Pérez en varios casos; el más reciente, pidiendo que PPK vaya a un penal por haber recibido a Bruce y Araoz, en el marco de la detención domiciliaria que cumple).

Otrosí digo: usualmente hay algo o mucho de razón en una protesta y el diálogo es una herramienta importante de gobierno. Pero también se justifica el uso legítimo y progresivo de la fuerza, a la que el Estado tiene derecho y está obligado en defensa de la sociedad. Esto no es para nada sinónimo de “matar a sangre y fuego”. Un gobierno que no ejerce su autoridad con responsabilidad y firmeza debilita mucho su capacidad de escuchar y de hacerse oír.

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