791 días

“Nuestra solicitud es que una junta médica convocada pueda realizar la adecuación del esfuerzo terapéutico y se le permita morir con respeto a su dignidad humana”, dice parte del documento remitido por Rosario Álvarez al Consejo Directivo de Essalud, cuyo hijo de 28 años, César, fue inducido al coma. Su diagnóstico es encefalopatía con hipoxia isquémica a consecuencia de un shock anafiláctico producto de una negligencia médica hace 791 días. César fue víctima de la fragilidad del sistema de salud en época del COVID-19, el cuadro de apendicitis que presentó no fue atendido a tiempo en el hospital de Huancayo y ahí comenzó esta tragedia. Hoy, postrado en el hospital Almenara, su condición es degenerativa e irreversible, no presenta mejoría; por el contrario, no tiene esperanza de vida.

No estamos frente a una eutanasia, la familia hizo un pedido que supone dos cosas: primero, la adecuación del esfuerzo terapéutico, que se traduce en aceptar la condición irreversible clínica del paciente y así suspender algún tratamiento que no traiga consigo ninguna mejora al mismo, y que, por el contrario, pueda suponer un sufrimiento innecesario para César, que se conoce como ‘encarnizamiento terapéutico’ y que, además, está prohibido. Y lo segundo es que esto debía ser evaluado por un ‘comité de ética clínica’, inexistente en varios hospitales de nuestro país. Este comité es más que una junta médica, presume tener una mirada integral de cada caso en particular y así tomar decisiones que reflejen la beneficencia de la que tanto se habla como principio ético médico, principio que para la familia Álvarez dejó de tener coherencia cuando ninguno de los tratamientos logró mejorar la salud de César.

Tras la difusión del caso en “Panorama” y con la intervención de la Defensoría del Pueblo, el viernes los médicos del hospital Almenara le informaron a la familia que César sería trasladado a la Unidad de Cuidados Paliativos, se mantendrá con ventilación mecánica, sedación paliativa y se le suspenderán algunos medicamentos. Claramente no podemos hablar de una victoria en una historia que a lo largo de este tiempo estuvo marcada por el dolor, el sufrimiento y la frustración de ver agonizar a un hijo, esposo y padre de familia. Sin embargo, comienza otra etapa para la familia.

“Mamá, voy por la última batalla y, si todo sale mal, tú sabes qué hacer, no quiero ser un número más”, ha sido la frase que ha acompañado y motivado la lucha de Rosario todo este tiempo, era la voluntad de su hijo. La muerte paraliza, sin duda, pero este caso reabre un debate pendiente: ¿era esta una voluntad anticipada? Este caso genera preguntas éticas, médicas y legales en el análisis de morir dignamente y lo que ello implica en diferentes escenarios para todos los involucrados. Este vacío genera una barrera entre el personal médico y el paciente, evidentemente por la responsabilidad que provenga de una decisión médica.

Es momento de creer que la regulación de una voluntad anticipada en todos los casos gira en torno a la dignidad de la que tanto se habla como ‘fin supremo de la sociedad y el Estado’ respetando los derechos y autonomía del paciente, pero que, al mismo tiempo, es la posibilidad de respaldar el proceso médico (evitando demandas posteriores) con herramientas que incluso lo vuelvan más humano.

Por César y todos los casos que van a seguir dándose inevitablemente, es momento de discutir sin sesgos y al margen de creencias de cualquier índole el acompañamiento en situaciones complicadas reales. Esta discusión no es exclusiva del Estado; por el contrario, la convocatoria debe ser amplia: sociedad civil y especialistas en el tema.

Hay luchas que se acompañan, admiran y agradecen, una de ellas es la de Ana Estrada, que representa un hito en el camino a esta discusión de morir con dignidad, y que aún sigue a la espera del protocolo para su eutanasia ordenado hace meses por la Corte Suprema. ¿Cómo entendemos ese incumplimiento? ¿Acaso Essalud no está preparado para tamaña responsabilidad? ¿Para qué estamos listos entonces?