Terremoto judicial, por Alfredo Torres*

Al momento de aplicarse la encuesta política de El Comercio-Ipsos este miércoles 11 y jueves 12, acababa de estallar el escándalo de los audios divulgados por IDL-Reporteros y el programa “Panorama”. El presidente Martín Vizcarra había ya convocado al Consejo de Estado y propuesto diversas iniciativas ante la corrupción y el tráfico de influencias que delatan los audios, pero aún no se conocían todas las ramificaciones que han seguido apareciendo ni había ocurrido la forzada renuncia del ministro de Justicia Salvador Heresi. Aun así, la encuesta registra gran parte de la indignación ciudadana.

El pedido presidencial de que se destituya a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) involucrados en la denuncia es respaldado por el 87% de la opinión pública informada y que su destitución sea inmediata por el 85%. A su vez, el 77% cree que todos los miembros del Consejo deberían renunciar, posición compartida por Allan Wagner, presidente de la Comisión de Reforma del Sistema Judicial, creada el viernes por el Gobierno. Mantener la configuración actual del CNM se ha vuelto insostenible. La institución ha perdido toda credibilidad. Está claro que su reestructuración será una de las primeras recomendaciones de la comisión que preside Wagner.

Aunque el plazo que se le ha concedido es muy breve –deberá presentar su primer informe antes de Fiestas Patrias–, la expectativa ciudadana es muy amplia. La aprobación del Poder Judicial ha caído a 12%, su mínimo histórico, y su desaprobación se ha elevado a 80%. La imagen de la fiscalía también se ha deteriorado. En medio de esta pérdida de confianza en el sistema judicial cabe recordar que los audios fueron grabados legalmente por iniciativa de una fiscal, Rocío Sánchez, y autorizadas por un juez, Cerapio Roque Huamancóndor. No todo está corrompido en el sistema de justicia. Pero también es indispensable destacar que, si no se hubiese filtrado esa información a la prensa de investigación, esta difícilmente habría avanzado y no se hubiera abierto, como ahora, la oportunidad de una reforma profunda del sistema de justicia en el país.

En ese contexto, la aprobación a la gestión presidencial ha mostrado una caída muy ligera, de 37% a 35%, mientras su desaprobación se ha mantenido en 48%. Considerando el margen de error, puede afirmarse que Vizcarra ha logrado conservar su apoyo popular. La explicación de que no haya seguido cayendo podría estar en su rápida reacción a esta crisis o también por otras actitudes previas de relativa firmeza, como cuando planteó una acción de inconstitucionalidad contra la ley mordaza o cuando respaldó públicamente a un alcalde que denunció un intento de corrupción.

En contraposición, ninguno de los otros líderes políticos evaluados cuenta con más de 25% de aprobación y todos están desaprobados por más de 50%, a pesar de que muchos de ellos mantienen un perfil bajo, con el objetivo de protegerse del desgaste. El problema es que hay situaciones en que el silencio suena a complicidad. Además, la ambigüedad con que connotados parlamentarios se han pronunciado sobre estos hechos refuerza la impresión de que la corrupción está infiltrada en todas las organizaciones políticas e impulsa este rechazo generalizado.

La aprobación ciudadana a la gestión de Vizcarra en su cuarto mes es similar a la que tenía Kuczynski en su séptimo mes. Con altos y bajos, el ex presidente se mantuvo así hasta que cumplió un año en el cargo. Según su desempeño, Vizcarra podría seguir similar patrón. Una diferencia, sin embargo, es el apoyo popular a su presidente del Consejo de Ministros. La aprobación de Fernando Zavala al año de gestión era 31%. Mercedes Araoz nunca bajó de 25%. La de César Villanueva ya cayó, en cuatro meses, a 19%.

La evaluación final de Luis Galarreta, en su último mes como presidente del Congreso, es aún más negativa que la de Villanueva. Lo aprueba solo 12% de la ciudadanía. Como referencia, Luz Salgado concluyó su mandato con 25%. El deterioro de la imagen de Galarreta ha ido en línea con la pérdida de confianza en el Congreso de la República. Actualmente solo 14% se siente representado por él. La situación es crítica habida cuenta de que es el Congreso el que deberá discutir y aprobar las leyes de reforma del sistema judicial que proponga la comisión convocada por Vizcarra.

Un tema crítico para avanzar en la reforma es la conformación de la próxima Mesa Directiva del Congreso. La posición de la opinión pública al respecto es muy clara: 59% cree que debería tener integrantes de todas las fuerzas políticas, 22% que debería excluirse a Fuerza Popular y solo 8% que debería ser mayoritaria o exclusivamente integrada por miembros del partido que lidera Keiko Fujimori. El deterioro de la imagen del Congreso es de tal magnitud que el presidente podría generar una crisis política –promover el rechazo de dos cuestiones de confianza a su Gabinete– y convocar elecciones parlamentarias anticipadas con amplio apoyo popular.

*El autor es presidente ejecutivo de Ipsos Perú