Un error con nombre propio, por Fernando Rospigliosi

Ante el casi unánime rechazo a su proyecto de ley sobre medios de comunicación, la congresista fujimorista Úrsula Letona se vio obligada a retirarlo. Incluso varios miembros de su bancada habían tomado distancia de la infeliz iniciativa, al constatar el repudio que suscitaba.

Naturalmente, Kenji Fujimori no desperdició la oportunidad de diferenciarse de la propuesta de una parlamentaria que es muy cercana a su hermana Keiko.

En su habitual medio para comunicarse, el Twitter, Kenji publicó: “‘La libertad de prensa es el frondoso árbol bajo el que se cobijan todas las demás libertades’. Alejandro Miró Quesada”. Por supuesto, no es casualidad que citara a un ex director de El Comercio y patriarca de la familia Miró Quesada, probable objetivo del nonato proyecto –3 artículos– de Letona.

Lo esencial de la propuesta era prohibir todo tipo de participación –director, periodista, accionista, etc.– de los investigados o sentenciados “por la comisión de delitos de corrupción en agravio del Estado peruano”.

Es decir, bastaría que un fiscal abra una investigación por ese delito a un ciudadano para excluirlo de cualquier tipo de participación en un medio de comunicación.

Así, delincuentes como Gerson Gálvez, ‘Caracol’, o Gerald Oropeza o individuos acusados de violación, narcotráfico o asesinato podrían eventualmente ser directores, periodistas o accionistas de un medio de comunicación. Pero no por ejemplo –este es un nombre escogido completamente al azar– José Graña Miró Quesada, ex presidente de la constructora Graña y Montero (GyM). La procuraduría ha pedido incluirlo en la investigación por la asociación de la empresa que dirigió con Odebrecht, y aunque la fiscalía no ha accedido, eso podría suceder.

Algunos suspicaces, como el ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, creían que el proyecto “está vinculado a hechos recientes suscitados en torno a un grupo periodístico conocido” (“Proyecto sobre medios ha nacido muerto”, 29.3.17, “Perú21”).

Lo significativo de este asunto es cómo el fujimorismo, o más propiamente, la facción que dirige Keiko, se enredó con una propuesta que tenía escasas posibilidades de prosperar y que despertaba antiguos fantasmas que le hacen un tremendo daño.

Uno de los lastres más negativos del fujimorismo son los ataques a los medios de comunicación independientes, desde la intervención militar el día del golpe del 5 de abril de 1992 hasta la descarada compra de propietarios y periodistas con dinero robado al Estado, en el Servicio de Inteligencia (SIN) que dirigía Vladimiro Montesinos, pasando por los inmundos insultos de la prensa amarilla a los que osaran criticarlos.

Precisamente en vísperas del aniversario 25 del golpe, no tuvieron mejor idea que suscitar un debate sobre uno de los aspectos más repudiados de la dictadura de la década de 1990.

Sin duda hay resentimientos, expectativas de venganza e influencia de gente con intereses particulares en el asunto. Pero lo revelador es que eso fue más importante que el cálculo político del fujimorismo, que debió haberlos disuadido de presentar una propuesta tan perjudicial para ellos.

Y a propósito de GyM, algunos no ocultan sus deseos de liquidar la empresa. Ese sería un grave error, dice Julio Luque. Sostiene que GyM debe someterse a las investigaciones y recibir sanciones si se comprueba la comisión de delitos, pero:

“GyM es, por una considerable diferencia, la principal y mejor empresa de ingeniería del Perú. Su capacidad para ejecutar proyectos con la más alta calidad y para enfrentar los retos de nuestra complicada geografía con soluciones técnicas innovadoras sigue intacta. Ha funcionado durante décadas como una verdadera escuela de ingeniería, terminando de formar a los profesionales que salían de nuestras universidades.

Pertenece al muy reducido club de empresas nacionales que han logrado competir exitosamente más allá de nuestras fronteras. Un país con tanta necesidad de infraestructura y tanta ausencia de conocimientos técnicos necesita más empresas como GyM, no menos” (El Comercio, 26.3.17).

En el gobierno, como ya es usual, se han expresado opiniones contradictorias. Algunos pretenden prohibirle a la “mejor empresa de ingeniería del Perú” que participe en la reconstrucción. Además, todas las otras grandes empresas constructoras nacionales han estado asociadas también a los brasileños los últimos años, por lo cual también podrían caer.

Investigar y sancionar es muy necesario, pero no destruir más de lo que ya está devastado.