Ilustración: Rolando Pinillos Romero
Ilustración: Rolando Pinillos Romero
Ignazio De Ferrari

Politólogo. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico

Desde la muerte de Franco en 1975, España ha sido un ejemplo para el mundo de cómo un país puede hacer una transición pactada y tranquila de la dictadura a la democracia. Tras la muerte de Franco, España experimentó un proceso de modernización social y económico extraordinario, especialmente tras el ingreso a la Comunidad Europea en 1986. Si bien en el camino hubo importantes retos que sortear, como el golpe militar fallido de 1981, España logró consolidar en pocos años una verdadera democracia liberal.

Frente a esta idea de una España moderna y abierta al mundo, los sucesos del 1 de octubre en Cataluña constituyen la antítesis total. La convocatoria por parte del gobierno autonómico a un referéndum de independencia –sin lugar a dudas inconstitucional– y la respuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy han dejado la imagen de un país incapaz de resolver por los cauces democráticos el mayor desafío constitucional desde el fin del autoritarismo.

El plebiscito y la declaración unilateral de independencia que se espera en cualquier momento son la culminación de un proceso de radicalización del nacionalismo catalán. Frente a este enorme reto, el problema más grande del gobierno de Rajoy ha sido no ser capaz de plantearle a la sociedad catalana una narrativa alternativa a la del independentismo. Rajoy ha preferido obviar el debate y no ha hecho nada para evitar que se instalen ideas perversas como que España expolia a Cataluña y que es un Estado opresor. ¿Cuál es el proyecto del presidente del Gobierno Español para convencer a los catalanes de que es mejor vivir unidos que separados? Nadie lo sabe.

Pero si el Gobierno en Madrid ha cometido errores, los grandes responsables de la situación actual son los partidos independentistas. La Constitución española –aprobada en 1978 con el apoyo del 91% de los catalanes– plantea en su artículo 2 “la indisoluble unidad de la nación española”. Como la gran mayoría de constituciones del mundo, no contempla la posibilidad de que una parte del territorio se separe. El gobierno catalán liderado por Carles Puigdemont ha engañado a sus propios ciudadanos con una consulta que no tiene posibilidades de conducir a una independencia real. En el terreno internacional no ha conseguido el apoyo de ningún actor relevante. Lo que sí ha logrado el plebiscito es obtener la foto perfecta para la causa independentista: la de los policías enviados por Madrid usando la fuerza para impedir que los ciudadanos voten.

Como señala el investigador del London School of Economics (LSE) José Olivas, el nacionalismo catalán tiene fuertes elementos populistas. El bando independentista ha establecido un discurso reduccionista que divide entre dos bandos supuestamente homogéneos: el oprimido pueblo catalán frente al autoritario Estado Español. Crear este enemigo imaginario ha servido a la causa independentista. Hace 12 años el apoyo a la independencia solo rondaba el 14%, mientras que antes del referéndum este ya se situaba entre el 40% y 45%. Es más, en la última elección para el Parlamento catalán, los partidos independentistas obtuvieron el 47,8% de los votos. Sin embargo, pese al control que las fuerzas nacionalistas han ejercido sobre las instituciones catalanas –en particular, la educación pública y los medios de comunicación– no han alcanzado aún una mayoría clara en favor de la independencia. Esto no es impedimento para que el Govern amenace con una declaración unilateral de independencia, ni para que Puigdemont realice una declaración simbólica de independencia (como se ha anunciado que hará hoy ante el Parlamento de Cataluña).

El desenlace, en definitiva, no puede ser una declaración unilateral con escasas posibilidades de convertirse en realidad. La salida de Cataluña sería nefasta para la economía española, que perdería el 20% de su PBI. Pero para Cataluña quedar fuera de la Unión Europea y con una deuda que algunos estudios calculan por encima del 100% del PBI tampoco auguraría un futuro promisorio. En ese contexto, son muchos –entre otros el Partido Socialista– los que creen que un modelo federal negociado entre todas las comunidades autónomas constituiría una solución a largo plazo. Cataluña podría conservar una mayor proporción de sus ingresos fiscales y obtener, adicionalmente, el reconocimiento de ser una nación. Por el momento, al menos, se trata de un escenario difícil de materializar, pues requeriría una reforma constitucional a la cual los nacionalistas y el Partido Popular de Rajoy se oponen.

¿Acabará la independencia consumándose tarde o temprano? Las multitudinarias manifestaciones del último domingo en Barcelona en defensa de la unidad española y de la Constitución pueden significar un punto de quiebre. Frente a la independencia por imposición, la mayoría silenciosa parece haber reaccionado. Hoy más que nunca, es necesario que los catalanes que defienden su pertenencia a España lo hagan saber.

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