El presidente Martín Vizcarra participa en una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el pasado miércoles 28 de octubre. (Foto: Presidencia Perú).
El presidente Martín Vizcarra participa en una conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el pasado miércoles 28 de octubre. (Foto: Presidencia Perú).
Fernando Rospigliosi

Analista político

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El caso del presidente es único en la historia reciente del país. Nunca un presidente de la República en ejercicio y la procuraduría, que cuentan con de coimas recibidas cuando era funcionario público y varios delitos como obstrucción de la justicia. En otros casos ha habido sospechas, rumores, habladurías. Pero nada como lo que se está observando ahora.

Eso ha llevado a algunas personas a proponer o apoyar de Vizcarra con el argumento de que un inmoral no puede seguir siendo presidente. En verdad sí podría. De hecho, varios gobernantes deshonestos han culminado sus períodos sin mayores problemas. Pero ellos no habían sido descubiertos con las manos en la masa cuando ocupaban Palacio y, por tanto, no estaban apremiados para usar todos los resortes del poder para frenar la creciente posibilidad de pasar de la presidencia a la cárcel apenas terminado su mandato.

Es decir, el asunto no es de índole ética. Lo que hay que evaluar es si Vizcarra estaría dispuesto a usar su poder para entorpecer la marcha de la justicia y torcer la voluntad popular en el próximo proceso electoral, para lograr un gobierno cómplice o benévolo a partir del 2021.

En mi opinión, no cabe duda alguna de que lo hará. Los antecedentes muestran que desde que llegó a la presidencia ha actuado aviesamente para encubrir lo que ahora se conoce y evitar las investigaciones que podían delatarlo. Intervino descaradamente en el Ministerio Público –que es ahora el organismo decisivo en el sistema de justicia– para ubicar a una magistrada con rabo de paja como Zoraida Ávalos y usó a un grupo de fiscales adictos para perseguir a sus adversarios.

Cerró ilegalmente –a mi parecer– el Congreso y ha manoseado persistentemente a las Fuerzas Armadas para amedrentar a la ciudadanía y sus rivales políticos.

Ha mentido constantemente sobre muchos asuntos, con toda impunidad, porque aquí no se hace lo que los medios practican en los EE.UU., llevar un catálogo de los embustes del presidente.

En suma, parece claro que Vizcarra va a usar los meses que le quedan en el poder para tratar de borrar las pruebas y amedrentar los testigos que lo incriminen. Peor aún, intentará favorecer, con los inmensos recursos a su disposición, a los candidatos que crea favorables, al tiempo que tratará de desacreditar y perjudicar a los que vea como un peligro.

Por supuesto, eso no implica que necesariamente vaya a tener éxito. Y aún si lo tuviera, ayudando a un aliado a llegar a la presidencia, eso no le garantiza en absoluto la impunidad que busca. Lo más probable es que lo traicionen a él como él ha traicionado a tantos. El peligro es que su intervención sí tendrá un efecto importante en adulterar la voluntad popular, al perjudicar a unos y ayudar a otros.

Por último, el argumento de que Vizcarra garantiza la estabilidad es absurdo. Solo en la pandemia, siete meses, ha habido tres ministros de Salud, cuatro del Interior y tres jefes de gabinete, mostrando que la inestabilidad es su característica.

El inconveniente es que un Gobierno del Congreso puede ser peor.