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La decisión de la dupla conformada por Donald Trump y Elon Musk de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), el mayor proveedor de ayuda humanitaria del mundo, forma parte del programa político America First (‘Estados Unidos primero’). En este, Trump prometió reducir drásticamente el tamaño y los gastos del gobierno federal y priorizar lo que, a su juicio, beneficia a su país. Para él, Usaid está controlada por “lunáticos radicales”; para Musk, es “un nido de víboras marxistas de izquierda radical que odian a Estados Unidos”. Incluso ha afirmado, sin prueba alguna, que el COVID-19 fue un arma biológica financiada por Usaid. Son unos de tantos personajes que diseminan información falsa, delirante.
Usaid fue creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy para combatir la influencia de la Unión Soviética en el llamado tercer mundo mediante programas de asistencia. Desde el 2001, aportaba un promedio de US$42.000 millones anuales al desarrollo a escala mundial de programas de salud pública, fortalecimiento de democracias y la sociedad civil, para mitigar los impactos del cambio climático, entre otros. Dado que esa cantidad de recursos representa solo el 1% del presupuesto anual del país norteamericano, queda claro que la decisión tiene poco que ver con dinero y mucho que ver con política.
Algunos críticos argumentan que Estados Unidos no debería destinar fondos a otros países, sino usarlos para resolver problemas internos. Pero este enfoque no toma en cuenta que la asistencia internacional es una inversión estratégica para la estabilidad y seguridad global, algo que, a largo plazo, también beneficia a Estados Unidos. Es diplomacia indirecta o ‘soft power’.
La historia ha demostrado que la pobreza extrema y la falta de oportunidades son caldo de cultivo para crisis humanitarias, conflictos y migración masiva, factores que terminan afectando a Estados Unidos de una manera u otra. En salud pública, invertir en luchar contra enfermedades infecciosas ayuda a prevenir la propagación de epidemias que podrían llegar al territorio estadounidense. Desde una perspectiva económica, los países que reciben ayuda de Usaid se convierten en mercados emergentes para los productos y servicios estadounidenses. De hecho, muchas de las ayudas otorgadas incluyen la compra de productos y servicios a empresas estadounidenses, lo que impulsa la economía nacional.
Para el Perú, una de las mayores preocupaciones ante la suspensión temporal de esta agencia es el futuro de iniciativas críticas como la lucha contra la deforestación en la Amazonía, donde Usaid ha invertido recursos para frenar el avance de la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres, así como para promover prácticas sostenibles entre comunidades locales. En el ámbito de la seguridad, ha desempeñado un papel clave en la reducción de cultivos ilícitos en regiones, como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Mediante proyectos de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, contribuyó a disminuir la dependencia de la economía local en el narcotráfico. Sin estos programas, estas comunidades podrían quedar vulnerables a la influencia de economías ilegales y el crimen organizado.
Usaid también ha jugado un rol clave en la lucha contra la tuberculosis y enfermedades infecciosas. En regiones con alta incidencia de tuberculosis multidrogorresistente, como Lima y Callao, ha financiado programas para mejorar la detección temprana y garantizar el acceso a tratamientos efectivos. Estos esfuerzos han fortalecido la capacidad del sistema de salud y contribuido a reducir la propagación de esta enfermedad.
La cooperación de los Estados Unidos ahora promoverá una agenda específica muy conservadora, alineada con los intereses de Trump. ¿Cómo esto afectará su seguridad interna y estabilidad democrática? Lo veremos en los próximos años. Pero lo que sí es previsible es que este vacío en la asistencia internacional abre la puerta a otros actores globales, como China, que en los últimos años ha incrementado su influencia en América Latina mediante inversiones y acuerdos bilaterales. Para el Perú, esta situación plantea también la necesidad de reforzar su capacidad de gestión y financiamiento interno para reducir su dependencia de la cooperación extranjera.
