Alberto Fujimori (1938-2024)

No es sencillo escribir sobre Alberto Fujimori, dadas las pasiones que despierta. Pero intentar un balance de su figura política es inevitable a propósito de su fallecimiento, dada su relevancia. Sus diez años de gobierno marcan el final de una era y el inicio de otra, que seguimos habitando. Podría decirse que durante su mandato se llevó a cabo una revolución social, y en eso cabe emparentársele con la figura de Juan Velasco Alvarado. Tal es la magnitud de su relevancia. ¿Cómo evaluar al personaje? A mi juicio, el criterio más justo es tomar como base las decisiones que tomó, en su contexto, considerando las alternativas disponibles, centrándonos en los momentos más relevantes de su dilatada trayectoria.

El punto de partida sería la decisión de lanzar un duro programa de estabilización económica, que marcó la implantación de un nuevo modelo de desarrollo orientado por una lógica de mercado, en un contexto caótico y de alta incertidumbre. Decisión que rindió frutos rápidamente, que definió lo que se caracterizaría como una “primera generación” de reformas estructurales, luego “consagradas” en la Constitución de 1993. Sin embargo, Fujimori no fue propiamente un abanderado de las reformas de mercado. Con el enorme capital político del que dispuso, podría haber lanzado una segunda generación de reformas: la de la administración pública, del Poder Judicial, de la educación, de la salud, de la política, etc. No lo hizo porque la lógica de su segundo gobierno estuvo marcada por la concentración del poder; en asegurar una segunda reelección que iba en contra de la Constitución que acababa de aprobar, para lo que tenía que implementar una estrategia de cooptación del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los organismos electorales y de la prensa, mediante amenazas y el pago de sobornos. En otras palabras, el carácter autoritario del gobierno terminó bloqueando el avance de las reformas de mercado.

¿Por qué el camino autoritario? Algunos afirman que, dado el carácter “excepcional” de inicios de la década de los 90, medidas de igual carácter podrían justificarse. En los meses previos al autogolpe de 1992, se discutía la aprobación de una legislación más dura y eficaz para poder procesar y condenar a los detenidos acusados de terrorismo. Lograr un acuerdo era difícil, pero no imposible, y el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alfonso de los Heros, trabajaba en ello. Fujimori nunca tuvo una convicción democrática y en el golpe siguió en parte el libreto establecido por el ala más autoritaria de las Fuerzas Armadas, para lo cual el papel de Vladimiro Montesinos cobró especial relevancia. En lo político, Fujimori se vio obligado a entrar en un camino de “retorno” a la institucionalidad, por medio del Congreso Constituyente de 1993. Sin embargo, en cuanto a la lucha contra el terrorismo, optó por mantener prácticas como ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones y torturas, donde destacan las ejecuciones en el penal Canto Grande de mayo de 1992, o las operaciones del destacamento Colina, responsable de la muerte o desaparición de al menos 53 personas entre noviembre de 1991 y julio de 1992. No puede decirse que no había otro camino: la alternativa fue el trabajo de la inteligencia policial que condujo a la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992, y de Víctor Polay en junio del mismo año. Seguiremos con el tema.