Hora loca

Los días recientes han dado sustento a aquello que describía hace unos días Enrique Castillo en estas páginas, cuando le preguntaron sobre el tinte político del gobierno que lidera la presidenta Dina Boluarte: “Es un gobierno improvisado, sin convicción política ni económica” (El Comercio, 14/9/2025).

Sin objetivos claros, la principal meta de la gestión Boluarte no es otra que sobrevivir. Y vaya que lo está logrando, al punto de convertirse, como lo recuerda Raúl Asensio, en “una anomalía en un país donde nos habíamos acostumbrado a triturar presidentes” (“Crítica y Debate”, IEP, 11/9/2025).

Para ello, la presidenta parece considerar la permanencia de su ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, como una condición fundamental. Santiváñez parece ser uno de los “operadores clave”, para tomar un término que el mismo Asensio utiliza.

Tan clave resulta que, apremiada por la reciente divulgación de un audio que reproduciría un diálogo entre Santiváñez y el actual primer ministro Eduardo Arana, Boluarte prefiere desautorizar a su ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, en torno a un inminente octavo retiro de fondos previsionales.

Es más, los ministros se han pronunciado en la víspera recurriendo a la arenga unitaria (“el Gabinete está más unido que nunca”) para despejar cualquier conato de disidencia. Y si bien persisten los rumores sobre cambio de ministros desde la tarde del lunes 15, van perdiendo fuerza. De cualquier manera, los cambios de Boluarte han sido siempre sorpresivos en fondo y forma.

En el Parlamento, el instinto de supervivencia es similar, lo que da paso a propuestas carentes de sustento técnico sobre las acciones de control político. Para el presidente del Congreso, José Jerí, por ejemplo, el tema Santiváñez es “un tema secundario”.

Si bien Arana y Santiváñez acudieron ayer a la Comisión de Fiscalización, no se ve un ánimo que posibilite alguna interpelación u otra acción semejante. En efecto, las firmas para las mociones que circulan llegan a cuentagotas.

En cambio, los votos para el promocionado octavo retiro son muy expeditivos. Al cierre de esta columna, se debate el dictamen respectivo y, muy probablemente, se derogue, total o parcialmente, la reforma que se aprobó hace varios meses.

Ese será, al parecer, el telón de fondo de los largos 10 meses que nos separan de finales de julio del 2026, cuando Boluarte y el actual Parlamento concluyan sus funciones: una combinación de la imposición de prioridades distintas a la gestión de los asuntos públicos y de la debilidad por recurrir a decisiones que originen aplausos momentáneos, aunque su legado sea tóxico.

El derrotero no es una novedad. Pero bien vale tomar conciencia de que esta supuesta estabilidad viene preñada de concesiones que dejarán costosos pasivos al gobierno que llegue. Hora loca, que le dicen.