La mesa de ocho patas (II)

Hace unas semanas, comenté que existe un debate entre los transportistas de gas natural y las generadoras que usan ese gas. Las primeras quieren que se suba un valor llamado FRC casi al 100% y las segundas que se mantenga en alrededor del 60%, que es lo que ha determinado el Osinergmin para el período 2025-2029.

El FRC o factor de referencia a la contratación es un cálculo de cuánta capacidad de transporte de gas se estima que usará el sector eléctrico para producir energía. Sirve como valor mínimo para que el transportista contrate con las generadoras (y estas cobren por estar disponibles).

Para el período anterior, 2021-2025, el Osinergmin prácticamente acertó en sus cálculos. Estimó 66% y fue 65% para el caso de las centrales que representan casi el 90% de la generación a gas (ciclo combinado les llaman).

Analicemos los tres grandes argumentos en debate. Primero, se dice que la seguridad del sistema –para que no haya apagones– depende del FRC. No. Es la existencia de centrales y ductos lo que da seguridad al sistema, no cuánto combustible se le asegura al transportista que le van a adquirir.

El gas sobra para las centrales cercanas al ducto. Hay 920 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) para consumo local y el sector eléctrico solo consume 600 MMPCD. Los apagones en Europa se dieron por falta de respaldo, y acá hay gas en exceso.

Pueden ocurrir eventos excepcionales, como el del 2023, cuando hubo sequía y se produjeron indisponibilidades en la infraestructura de energía, pero eso no justifica pedirle al sector eléctrico que compre más de lo que va a necesitar. Lo cual equivale a pedirle al carpintero que compre madera para ocho patas cuando la mesa solo tiene cuatro. Si al final se rompe una pata, tendrán que comprar más madera (gas), que hoy hay en exceso.

Más bien, si obligas a comprar más de lo necesario, arriesgas al sistema porque disparas sus costos, como le pasó a la planta térmica de Egasa en el 2019, que tuvo que cerrar.

Segundo, se dice que la masificación del gas depende del FRC. Tampoco. La masificación depende de que se construyan ductos hacia el sur para conectar a centrales como Ilo y Mollendo, que hoy usan diésel. No de que quienes ya reciben gas compren más de lo necesario.

Lo que pasa –y aquí está el meollo del asunto– es que los transportistas quieren que las generadoras que ya usan gas subsidien la inversión para llegar a las generadoras que aún no tienen gas. Eso es un despropósito que distorsiona las reglas del libre mercado (y este sector debe ser lo más libre posible). Cada uno debe pagar sus inversiones.

El FRC no tiene relación con las centrales del sur. Estas hoy cobran por usar diésel, no el gas calculado en el FRC. Y el gasoducto al sur no estará listo en los próximos cuatro años, que es el período de vigencia del nuevo FRC.

Tercero, se dice que un FRC bajo puede impactar negativamente en los precios a los consumidores, tal como ocurrió en el 2023 (así lo señala la Sociedad Peruana de Hidrocarburos). No. Las distribuidoras, que son las que llevan la electricidad a las casas, tienen contratos de largo plazo con las generadoras (10 años). No se vieron afectados en lo absoluto.

En el 2023, cuando hubo sequías e indisponibilidades en la propia infraestructura de gas, efectivamente tuvo que recurrirse al diésel, que es más caro, pero eso no elevó las tarifas a las familias peruanas.

En resumen, la seguridad del sistema, la masificación del gas y las tarifas a las familias peruanas no dependen del FRC fijado por Osinergmin. Respetemos la independencia y criterios técnicos del regulador, sin pedir distorsiones al libre mercado.