Género sin preferencial

La pandemia del COVID-19 cambió todo el escenario y el nuevo Congreso tiene en sus manos lidiar con la reforma política y sus propias limitaciones, que van desde la falta de experiencia de la aplastante mayoría de sus miembros, hasta la carencia de norte de grupos parlamentarios, cuyos integrantes no solo combinan militantes –los menos– con invitados, sino que también representan intereses muy particulares y hasta ilegales.

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Así las cosas, la reforma política se ha convertido solo en un término al que cualquiera le da sentido. El proceso iniciado el año pasado es un dato casi olvidado. La gran parte de los proyectos de ley hacen caso omiso a lo avanzado, considerándolo como referencia solo para negarlo. Es decir, no se recogen contenidos, sino temas, por lo que la discusión política no es una suma de discusiones y decisiones previas en la que participaron cuatro de los nueve partidos hoy presentes en el Congreso, sino una suerte de borrón y cuenta nueva.

De los 12 proyectos de ley presentados por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP), que el Ejecutivo hizo suyos y presentó al Congreso, se aprobaron seis, dos constitucionales: inmunidad parlamentaria y limitaciones para candidaturas. También cuatro legales, como la inscripción de partidos, su financiamiento, democracia interna y sistema electoral nacional. Falta trabajar seis proyectos de ley. Pero son las disposiciones transitorias de las leyes aprobadas en agosto del año pasado las que desnaturalizaron el texto legal. Uno de ellos, el referido al sistema electoral nacional.

En dicha ley, en referencia a la paridad y alternancia de género, el Congreso anterior, bajo una disposición transitoria, limitó el texto de la ley aprobada, pues se consignó que esta medida debía ser un proceso escalonado. De esta manera, en el 2021 el 40% de las listas, como mínimo, estaría integrada por mujeres; en el 2026, el 45%; y para el 2031, se alcanzaría el 50%. Obviamente, no se trataba de paridad, sino de cuota. En el Congreso presente se debatió dicha disposición y se empezó a discutir con los mismos y consabidos argumentos conservadores y machistas de quienes se oponen a dicha reforma fundamental. El mayor de ellos, con relación a que las mujeres para acceder a un puesto en una lista de candidatos no necesitan ninguna ayuda –desconociendo las reales dimensiones de la desigualdad histórica entre géneros que aún existe– y que se lo deben ganar sobre la base de la “meritocracia”, filtro que nunca se usó para seleccionar hombres en las listas.

Pero esta semana la Comisión de Constitución no aprobó el predictamen presentado, al que se opuso –como con todo lo que tiene que ver con reforma– Fuerza Popular, y se abstuvieron Acción Popular, Podemos Perú, Frepap y Somos Perú, y votaron a favor Alianza para el Progreso, el Frente Amplio, Unión por el Perú y el Partido Morado. El argumento de algunos de los que se abstuvieron fue que mantener el voto preferencial limita la paridad y alternancia. No deja de ser cierto, pues bajo el sistema de voto preferencial las mujeres pueden estar en puestos expectantes; pero por recursos, visibilidad, redes internas y externas, las candidatas no han logrado ni siquiera ser el 30% del Parlamento. Pero quienes promueven estas medidas deben entender también que el voto preferencial es pernicioso, más allá del tema de género. La solución es que los que votaron a favor y los que se abstuvieron presenten un nuevo proyecto de ley que proponga paridad y alternancia sin voto preferencial en las listas. De lo contrario, uno de los pilares de la reforma se habrá perdido.

*El autor presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.