¿Es viable la creación del Ministerio de Infraestructura?

"La institución encargada debería ser un órgano técnico, autónomo y meritocrático, y no sujeto a los vaivenes de los gobiernos de turno".

Se atribuye a Albert Einstein la frase: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos”. Si creemos que con crear un ministerio solucionaremos lo que funciona mal, no hemos entendido la problemática, que generalmente es compleja y múltiple. En efecto, la incapacidad que tenemos como país para desarrollar nuestra infraestructura de forma eficiente, oportuna y con calidad es multidimensional. Tenemos falta de planificación y de continuidad en las políticas, mala calidad en los expedientes técnicos, corrupción y un sistema de control que no la ha combatido eficazmente y, más bien, ha contribuido a cada vez más paralizaciones de obras.

Para empezar a enfrentar esta problemática hay que partir por un buen diagnóstico. Y seguramente este nos llevará a concluir que hay que hacer cambios: en el sistema de control, en los mecanismos de contratación, en las capacidades de los funcionarios, en la idoneidad de las direcciones y hasta en la mentalidad de las autoridades.

Luego habrá que hacer una planificación de esos cambios y propuestas de reorganizaciones. Esto implica múltiples modificaciones normativas, de manera que en esta etapa ya tenemos para algunos años. Una vez transformado el entorno que complica el desarrollo de la infraestructura y de la obra pública, o en paralelo, habrá que actualizar el Plan Nacional de Infraestructura con nuevos hitos, y profundizarlo a escala regional y provincial. La nueva organización debería empezar por asumir las señaladas tareas antes de meterse en la ejecución de proyectos, que sería como entrar al campeonato sin entrenamiento, con malas reglas, malos árbitros y cancha hostil.

Tampoco es cuestión de denominación, sino de quienes lideran y conforman la entidad encargada de solucionar el problema. La institución encargada debería ser un órgano técnico, autónomo y meritocrático, y no uno sujeto a los vaivenes de los gobiernos de turno o a los cambios por cuestiones políticas; un ministerio es lo más cercano a lo segundo. Hay que entender que la infraestructura debe ser una política de Estado y no de gobierno. Si queremos mejores resultados, hagámoslo de forma distinta, en el BCR hay una interesante referencia.

"Si se enmarca en un plan integral de acción y de reforma del Estado bien llevado puede ser esa palanca necesaria para asegurar un mejor futuro para todos los peruanos".

La brecha en infraestructura (casi S/360.000 millones) afecta enormemente el crecimiento del país al punto de ser el principal factor que provocó la caída de ocho puntos en el Ranking de Competitividad Mundial 2024. Esta debilidad se refleja en la vida de millones de peruanos que no tienen acceso a servicios básicos.

El actual sistema de inversión pública es disperso y fragmentado. Las instancias nacionales, regionales y locales no planifican ni priorizan sus obras. Esto se evidencia al haber pasado de 387 a 3.017 proyectos de inversión del Estado inviables entre enero y junio de este año. Hoy, las obras públicas cuentan con una asignación presupuestal, pero la realidad institucional y la corrupción provocan que a la fecha existan 2.256 obras paralizadas que involucran S/36.122 millones (Infobras).

¿Qué precisamos para cambiar esta realidad? Una reforma del Estado que resuelva la falta de planificación, gestión y ejecución de la infraestructura más relevante, por lo que la creación de un ministerio de infraestructura no solucionaría estas carencias si no se realiza paralelamente la fusión de algunos ministerios. Otro punto es fortalecer la territorialidad de este ministerio con una mirada macrorregional, a fin de asegurar obras públicas que armonicen con los corredores económicos, las fuentes productivas y los nodos logísticos que integren el desafío que representa nuestra geografía.

Los ministerios deben volver a ser los entes que diseñaban políticas para integrarlas en un plan nacional, lo que debe incluir a los gobiernos regionales y municipales. Estas instancias deben dejar de construir hospitales, colegios, carreteras, ferrocarriles, entre otros, y concentrarse en sus responsabilidades rectoras.

El ministerio de infraestructura debería contar con el control de la contraloría instaurado como un ‘compliance’ anticorrupción, además de un consejo de la sociedad civil, que podrán hacer su labor si hay centralización orgánica de las instituciones encargadas de las obras.

El ministerio no debería significar mayores recursos fiscales. Si se enmarca en un plan integral de acción y de reforma del Estado bien llevado puede ser esa palanca necesaria para asegurar un mejor futuro para todos los peruanos.