En el Semáforo de este sábado 17 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Autoridad de Transporte Urbano habilitó desde el 15 de enero la recarga de tarjetas del Metropolitano mediante Yape, beneficiando a más de siete millones de usuarios con recarga mínima de S/10. Segundo, la justicia ratificó condenas de 35 y 32 años de prisión para Jonny Coico Sirlopú y Vilma Zeña Santamaría por explotación laboral y muerte de dos jóvenes en el incendio de la galería Nicolini en 2017. Finalmente, la violencia en Lima y Callao ha crecido pese a los estados de emergencia, registrándose 818 homicidios entre enero y noviembre de 2025, sugiriendo que estas medidas no han frenado la tendencia al alza de crímenes.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao habilitó desde el 15 de enero la recarga de tarjetas del Metropolitano y de los corredores mediante la billetera digital Yape, como parte de la modernización del sistema de transporte público. Esta opción beneficiará a más de siete millones de usuarios activos en Lima y Callao y se suma a recargas por Plin y puntos presenciales. La recarga mínima es de S/10, y el saldo debe activarse en estaciones o al abordar. La medida busca agilizar pagos, evitar colas y facilitar el uso del transporte cotidiano.
La justicia ratificó condenas de más de 30 años de cárcel para Jonny Coico Sirlopú y Vilma Zeña Santamaría, responsables de la explotación laboral y la muerte de dos jóvenes durante el incendio en la galería Nicolini en el 2017. El Poder Judicial confirmó las penas de 35 y 32 años de prisión efectiva por trata de personas agravada con fines de explotación y esclavitud, tras rechazar la apelación de los acusados. Las víctimas trabajaban en condiciones inhumanas, encerradas en un contenedor sin derechos laborales, lo que impidió que escaparan del fuego.
La ola de violencia e inseguridad en Lima y Callao, pese a los estados de emergencia decretados por el presidente José Jerí para enfrentar el crimen, extorsión y homicidios, ha seguido creciendo y cobrando víctimas. Entre enero y noviembre del 2025, se registraron 818 muertes por homicidio, con un alto porcentaje por armas de fuego, y cinco de los diez meses más violentos ocurrieron durante estados de emergencia, lo que sugiere que estas medidas no han frenado la tendencia al alza de crímenes.
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