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¿Hay espacio para el optimismo?, por Gianfranco Castagnola

“Pareciera que podrían estarse dando las condiciones para la recuperación de la economía”.

Gianfranco Castagnola Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría

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(Ilustración: Giovanni Tazza)

"Si el MEF cumple con realizar un seguimiento muy cercano a los principales proyectos de inversión pública, podría lograr un elevado nivel de ejecución". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Cuando el presidente Kuczynski asumió su cargo en julio pasado, era difícil de imaginar que un año después la economía estaría en una situación peor que la que había heredado. Lava Jato, El Niño costero, la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso y errores de política económica –por ejemplo, el contraproducente ajuste en el gasto fiscal en el último trimestre del 2016– afectaron seriamente la actividad productiva. En los últimos nueve meses, las ventas dirigidas al mercado interno no han crecido; tres trimestres consecutivos tan malos no se veían en nuestra economía desde el 2001. Sin embargo, hay razones para abrigar un optimismo, cauteloso por cierto, para los próximos 18 meses, que se basa en una serie de “destrabes” que parecen estar ocurriendo.

Uno primero, y muy importante, es el político. Hace apenas 15 días parecía imposible presenciar un diálogo entre el presidente Kuczynski y la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori.

Finalmente, ocurrió. Este evento ha sido opacado por la noticia de la prisión preventiva del presidente Humala, pero también ha sido increíblemente ignorado por sectores que presumiblemente se sienten más cómodos con escenarios de intensificación de la tensión entre ambas fuerzas. En todo caso, el diálogo parece haber sido muy positivo. Según lo trascendido, se han alcanzado algunos acuerdos concretos que podrían favorecer el desarrollo de inversiones, se ha acordado bajar los niveles de confrontación y ataques verbales y, aun más importante, se han dado los primeros pasos para crear una relación mínima de confianza y establecer canales de comunicación a un alto nivel político, indispensables en el juego democrático de un país. Es, por cierto, un avance incipiente y frágil, que puede quebrarse ante cualquier torpeza de una de las partes, pero no puede soslayarse la importancia de este progreso.

Un segundo destrabe relevante es el del gasto público. En el muy corto plazo, esta es la única herramienta de política económica que puede revertir el estancamiento que sufre la actividad productiva. En el primer semestre, el gasto público se contrajo 5,5%; en el segundo podría crecer más de 12%. Esto es posible: hay S/17 mil millones de inversión pública, con recursos ya asignados, listos para ser ejecutados en esta segunda mitad del año. Y para el 2018 se asignarían cerca de US$3.000 millones para la reconstrucción y alrededor de US$750 millones para los Juegos Panamericanos. Si bien la ejecución de esta inversión constituye un reto inmenso, también es cierto que estos dos rubros tienen reglas de juego ad hoc, que podrían facilitarla mucho. Si el MEF cumple con realizar un seguimiento muy cercano a los principales proyectos de inversión pública, podría lograr un elevado nivel de ejecución.

Un tercer destrabe es el de proyectos de APP. El ministro Bruno Giuffra ha anunciado que pronto se firmará la adenda del contrato del aeropuerto Jorge Chávez. Se trata de una inversión que podría llegar a US$1.500 millones, financiada totalmente por el sector privado, que se iniciaría en la segunda mitad del 2018. A ello se sumaría el avance en otros proyectos relevantes, como la línea 2 del metro y Majes-Siguas II.

Un factor que puede ayudar a los dos destrabes previos –y que, realmente, constituye un destrabe en sí mismo– es la reforma del Sistema Nacional de Control. La remoción del nefasto contralor Alarcón y el posible nombramiento de un técnico solvente, con amplia experiencia en el sector público, como Nelson Shack, nos hacen pensar en la viabilidad de una reforma integral del sistema, para que sirva verdaderamente como instrumento eficaz contra la corrupción y no para asfixiar la capacidad de ejecución del gasto público. Si bien los resultados de esta reforma se verían en el mediano plazo, la sola presencia de Shack en la contraloría puede transmitir confianza a funcionarios públicos honestos, hoy adversos a tomar decisiones por temor a la persecución.

Todo ello se da en un contexto internacional que puede sumar, más que restar. Los precios internacionales de los metales están 25% por encima respecto a un año y medio atrás. No son los niveles del ‘boom’ de la década pasada, pero sí son suficientes como para que las empresas mineras desempolven algunos de sus proyectos. Sería una gran noticia para el país que en la primera mitad del 2018 se anuncie el inicio de la ejecución de Mina Justa y Quellaveco, proyectos cupríferos de clase mundial. Debe recordarse que en el quinquenio anterior no se inició ningún proyecto minero de gran envergadura.

El empresariado peruano sabe navegar en períodos de turbulencia. Lo ha hecho en las últimas décadas, y con éxito. Pero para que retome sus planes de inversión –no solo en grandes proyectos, sino en miles de medianos y pequeños proyectos– necesita ver una luz al final del túnel. Esto es, necesita confianza y creer que el impulso del gasto público no será solo un rebote estadístico, sino que se constituirá en el inicio de la recuperación de la economía. Pareciera que podrían estarse dando las condiciones para ello. De ser así, pensar en un crecimiento de 7% de la inversión privada –luego de cuatro años consecutivos de contracción– y de 4% del PBI para el 2018 no es descabellado. Es cuestión de que no nos volvamos a trabar solos, nosotros los peruanos.

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