"Hay trabajo, falta empleo", por Alfredo Torres

ALFREDO TORRES

Presidente ejecutivo de Ipsos Perú

La falta de trabajo fue la principal preocupación ciudadana por muchos años, hasta las elecciones del 2006, inclusive. Gracias al crecimiento económico, cayó al tercer lugar en el ránking de los principales problemas del país en la percepción popular y fue menos gravitante en las elecciones del 2011. No obstante, la realidad del empleo en el país dista mucho de estar resuelta y podría reaparecer, con otro cariz, en el 2016.

Como se sabe, el problema del empleo en el Perú no se refleja en el índice de desempleo, que suele ser bajo, sino en el de subempleo. El subempleo se refiere principalmente a personas que trabajan pero que perciben ingresos por debajo del monto mínimo necesario para cubrir la canasta básica de consumo. La buena noticia es que el subempleo ha caído del 57% de la población económicamente activa (PEA) en el 2005 a 30% en el 2012, mientras la población empleada ha crecido de 38% a 66%. El progreso es, sin duda, impresionante. 

La situación real es más compleja. Actualmente, de cada diez peruanos, cuatro trabajan en el sector privado, uno en el sector público, cuatro son independientes y uno es un trabajador familiar no remunerado. Hace una década el sector privado daba empleo a solo uno de cada tres, así que ha habido un avance. El problema es que no todos los trabajadores del sector privado están en la misma situación laboral. Las remuneraciones, las condiciones laborales y el cumplimiento de las normas varían considerablemente según el tamaño de la empresa. 

De los 6,4 millones de trabajadores del sector privado, solo 1,5 millones están empleados por empresas de más de 100 trabajadores. Y la realidad es que es únicamente en estas empresas –alrededor de 7 mil– que la gran mayoría de empleadores cumple con la exigente legislación laboral peruana y brinda condiciones laborales apropiadas. Otros 1,5 millones se emplea en empresas que tienen entre 11 y 100 trabajadores. Muchas de estas pequeñas empresas –unas 60 mil– cumplen con algunas de las leyes laborales, pero con frecuencia no con todas. Por último, más de la mitad de los trabajadores del sector privado, esto es, 3,4 millones de personas, labora en unidades productivas conocidas como microempresas, que emplean hasta diez trabajadores en condiciones muy precarias. 

En el Perú hay 1,5 millones de microempresas. La gran mayoría es parcialmente informal y no cumple con el grueso de las normas laborales, tributarias y municipales. Los microempresarios tienen el gran mérito de haberse generado su propio empleo, pero para la gran mayoría este constituye solo un medio de subsistencia, sin proyección empresarial sostenible. En realidad, es casi un exceso llamar empresas a estas unidades productivas, pues el 75% está constituido como persona natural y no como persona jurídica, y únicamente dan empleo al emprendedor y uno o dos allegados, a veces en condición de familiar no remunerado.

Así, tenemos que solo uno de cada diez trabajadores peruanos está empleado por empresas privadas medianas o grandes. Si sumamos a los que están empleados en pequeñas empresas y en el sector público y a la capa formal de los trabajadores independientes –que son muy pocos– llegamos a que solamente uno de cada tres peruanos tiene un empleo relativamente apropiado. Otra tercera parte está formada por microempresarios y trabajadores independientes que tienen hoy un ingreso mayor al sueldo mínimo que se usa de referencia para decir que no son subempleados, pero que todavía están lejos de tener una situación económica estable. Y finalmente, todavía hay un tercio de la PEA en el subempleo, que es un desempleo encubierto.

Es importante tener presente esta realidad para no caer en triunfalismos ni en una idealización del mundo de los microempresarios y los trabajadores independientes. La vida para ellos es dura y azarosa. Para crecer requieren capacitación, financiamiento y libertad de acción. En los dos primeros campos el propio sector privado ha generado una oferta atractiva mediante una amplia gama de universidades e institutos de bajo costo, así como mediante diversas entidades financieras de microcrédito. La dificultad estriba en el tercer factor, que depende del Estado.

De manera similar a las empresas más grandes, los microempresarios demandan libertad para actuar y desarrollarse. Su relación cotidiana con los municipios es fuente de tensión y, eventualmente, de corrupción. La legislación tributaria se les hace costosa, por lo que procuran eludirla. Si, por fortuna, crecen y se convierten en pequeñas o medianas empresas, la complejidad y elevada presión de las normas tributarias, laborales y hasta de seguridad (Indeci) los abruma. Para avanzar más rápido en la creación de empleos sostenibles y de calidad, el gobierno debe insuflar en sus diversas instancias una cultura de simplificación y flexibilización. El Estado tiene que facilitar el desarrollo del sector privado y no frenarlo. Después de todo, la mejor política de inclusión social es un buen empleo.