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¿Hecha la ley, hecha la trampa?, por Gonzalo Portocarrero

“Una sociedad donde hay más gente dispuesta a transgredir que a cumplir la ley es una colectividad llamada al desorden y al conflicto”.

Ilustración Portocarrero

"En muchas realidades, la supuesta vigencia de la ley sirve para legitimar la arbitrariedad de unos y las falsas ilusiones de otros". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Las leyes pretenden regular la vida colectiva estableciendo el marco de los deberes y derechos en los que se encuadra la vida ciudadana. En el mundo moderno, definido por la igualdad de todos frente a la ley, la transgresión debería ser sancionada a modo de corregir o reeducar a quien no las respeta. Entonces sería posible un mundo ordenado y pacífico en el que las divergencias, entre personas o colectividades, pueden ser argumentadas y zanjadas gracias a la invocación razonada de las leyes.

Claro que estamos hablando de un ideal al que es posible acercarse pero que es muy difícil, si no imposible, de realizar a plenitud. En todo caso, la producción de leyes, la actividad legislativa, tendría que ir perfeccionando el marco jurídico legal para hacer prevalecer la igualdad. Y proscribir el abuso de los poderosos y la resignación de los débiles.

En muchas realidades, la supuesta vigencia de la ley sirve para legitimar la arbitrariedad de unos y las falsas ilusiones de otros. Franz Kafka pensó que esta situación era insuperable, de modo que la ley termina siendo un mero consuelo para los agraviados y una protección para los abusivos.

Para los ilusos se trata de una promesa engañosa, una manera de callarlos, de hacerlos vivir en una falsa esperanza. Y para los poderosos es el instrumento que les permite disfrutar de su control sobre aquellos que no cuentan.

La denuncia de Kafka puede parecer exagerada, pero para el lugar y el momento en que la formula (la Europa de comienzos del siglo XX), su crítica es básicamente acertada y desmitificadora. Las raíces sociales de esta posición se hunden en la concentración de poder y arbitrariedad reinantes en el Imperio Austro-Húngaro, donde la vigencia de la ley era superficial y poco comprometedora para el despotismo de los gobernantes.

Y es que allí donde la igualdad no ha calado hondo en los modos de sentir y pensar la ley no tiene ni fuerza, ni prestigio. Es una fachada o decorado. En sociedades tan desiguales se desarrollan actitudes sádicas entre los que mandan y los masoquistas que obedecen sin chistar, como ofreciéndose a un martirio que ennoblece.

En el Perú de inicios del siglo XX, el gamonalismo era la norma en el trato entre blancos/mistis e indios. Como decía Alberto Flores Galindo: “Mandar es sinónimo de poder golpear”. Los señores se sienten por encima de las leyes y manejan a los indígenas como si no tuvieran derecho alguno.

Entonces, aun cuando el Perú se declarara como una república regida por leyes, la realidad es que no había un sentimiento de igualdad entre sus supuestos ciudadanos. El racismo era la ideología cotidiana y la ley era solo una máscara que a muy pocos comprometía. El orden social, la explotación económica y el silenciamiento de las mayorías se mantenían por la influencia de la religión y el ejercicio de la violencia sobre los “insignificantes”. Pero con la educación y las migraciones la situación cambia radicalmente.

La tendencia al ‘acriollamiento’ es imparable. No solo en el mundo criollo sino también entre los migrantes indígenas y campesinos que hacen de la transgresión la práctica que los redime de la servidumbre y los integra en una ciudadanía falsificada, ‘trucha’. La corrupción se “democratiza”.

Y una sociedad donde hay más gente dispuesta a transgredir que a cumplir la ley es una colectividad llamada al desorden y al conflicto. Al predominio del pesimismo, de una mentalidad derrotista sobre el futuro del país, una actitud que lleva a pensar que lo sensato es preocuparse solo de sí mismo y tratar de ganar como sea.

En la campaña electoral del año pasado, en un momento de optimismo, muchos pensamos que la corrupción podría ser frenada. El hartazgo ciudadano y el compromiso de los políticos por erradicar la corrupción hicieron plausible la expectativa de una formalización del país.

Desgraciadamente, esta esperanza ha ido perdiendo terreno conforme se hace visible la persistencia de las prácticas corruptas. El caso más serio es el de la Contraloría General de la República, pues resulta que la institución fiscalizadora del Estado está dirigida por alguien sobre quien penden múltiples denuncias. Solo cuando cada peruano sienta un respeto genuino por sus conciudadanos, cuando se afiance el sentimiento de igualdad, es que podrá consolidarse la vigencia de la ley y el retroceso de la corrupción.

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