(Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
(Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
Fernando Rospigliosi

Hace algunos años el joven escritor francés Laurent Binet publicó una excelente novela, “HHhH”, ambientada en Praga en la época de la ocupación nazi. El título de la novela se refiere a una frase que circulaba en las SS: ‘Himmlers Hirn heisst Heydrich’, HHhH (‘el cerebro de Himmler se llama Heydrich’). Heinrich Himmler, jefe de la Gestapo y las SS, era el inmediato superior de Reinhart Heydrich, el virrey alemán en la Checoslovaquia ocupada.

Parafraseando a Binet y aplicando la frase a la política criolla, se puede decir que es el cerebro de , sin compararlos, por supuesto, con los depravados nazis. De hecho, ella lo ha guiado, empujado y a veces arrastrado en su sinuosa carrera en busca de poder y dinero.

Humala y Heredia (HH) han ocupado en los últimos días el centro del escenario por la decisión de jueces y fiscales de incautar varias de sus propiedades y de sus parientes y allegados. Una primera objeción que se ha repetido hasta el cansancio es que esa es una medida inconcebible e ilegal. En realidad, se ha aplicado en otros casos como el de la mafia de y de Pedro Pérez, alias Peter Ferrari, igualmente sujetos a prisión preventiva. En esos casos, también antes del juicio y la acusación fiscal, pero con suficientes evidencias, se procedió a la incautación. Y nadie protestó.

Resulta ahora, según los que se rasgan las vestiduras por la situación de los HH, que los políticos presuntamente corruptos deberían recibir un tratamiento especialmente benévolo.

HH y sus muchos defensores arguyen que han sido víctimas de un linchamiento mediático, cuando casi la totalidad de los medios de comunicación, así como de analistas, abogados y políticos a los que han pedido declaraciones, se han pronunciado a su favor. En realidad, los que han sido apabullados por los medios son los magistrados que tomaron una decisión inusual, pero legal y justificada.

Algunos critican a los magistrados porque –dicen– contribuyen a la victimización de los HH y favorecen su resurrección política. En realidad, el criterio de favor o perjuicio político debería estar excluido de las decisiones judiciales. Pero, en todo caso, la victimización de los HH sería producto de la catarata de declaraciones y lacrimosas expresiones favorables a ellos. Si en lugar de eso, las manifestaciones hubieran sido del tipo, por ejemplo, “qué bien que por fin se tomen medidas enérgicas contra los peces gordos de la corrupción”, no habría tal victimización.

Uno de los motivos más socorridos contra la decisión de los magistrados es que hay una particular inquina contra los HH y que no se mide con la misma vara a otros. Es decir, si no se apresa o incauta a todos, que no se haga con ninguno. Eso, por supuesto, es absurdo. Con ese razonamiento no habría ningún delincuente sancionado, porque siempre hay otros que están libres.

Pero las críticas apuntan específicamente contra fujimoristas y apristas, blancos favoritos de los defensores de los HH. El asunto es que es falso que y estén en la misma situación que los HH. A García, ni la fiscalía ni la megacomisión del Congreso con mayoría humalista le encontraron desbalance patrimonial ni contratos falsos para lavar dinero como a los HH. Y si bien es cierto que la versión de de que entregó un millón de dólares a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya para la campaña de Keiko es verosímil, ni la investigación periodística ni la fiscal ha descubierto –hasta ahora– indicios que ella haya usado ese dinero para adquirir propiedades o para uso personal, como sería el caso de los HH. Naturalmente, hay muchas sospechas sobre ambos, pero ninguna evidencia similar a las de los HH.

El caso equivalente es el de y Eliane Karp, que están en situación parecida a la de los HH.

Por último, está también fuera de lugar la excusa de los HH en el sentido que son perseguidos políticos. ¿Quién los persigue? ¿El Gobierno? ¿Acaso Alan García o Keiko Fujimori tienen tanta fuerza para manipular simultáneamente a la fiscalía y el Poder Judicial?

En el Perú todos se quejan últimamente de la lentitud y blandura del sistema judicial para con los peces gordos de la corrupción. Y cuando algunos jueces y fiscales les ponen las manos encima a un par de notorios sinvergüenzas, se alza un estridente coro de voces protestando por el abuso, el atropello, el exceso –y todos los epítetos imaginables–, aporreando a los magistrados por su decisión. Así difícilmente se avanzará en la siempre reclamada, de la boca para afuera, lucha anticorrupción.