Entre huaicos y tormentas, por Roberto Abusada Salah

La forzada renuncia de dos buenos ministros del Gabinete del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha devenido en la reciente crisis política. Como sabemos, esta vez la crisis se originó en la insistencia del gobierno por enmendar un mal contrato de concesión concebido y firmado durante la administración de Ollanta Humala para dotar al Cusco de un aeropuerto en Chinchero. Dos factores adicionales complicaron la situación: la manera incompetente y tendenciosa en que el contralor evaluaba una adenda al contrato, y la inminencia de las interpelaciones a los ministros Martín Vizcarra y Carlos Basombrío.

Evidentemente, el contralor planeaba un reporte negativo sobre la adenda con sesgo político y un doble fin. Por un lado, hacerse eco de las críticas generalizadas a la adenda para justificar una interpelación a Vizcarra y, por otro, prepararse para afrontar las revelaciones de sus graves inconductas. Con increíble desparpajo, todo indica que solicitó una cita al ministro de Economía procediendo subrepticiamente a grabar la conversación. El ministro cayó inocentemente en la trampa. Su taimada estrategia se hace hoy más evidente cuando emprende una campaña de acoso a la ministra de Educación, Marilú Martens, a la vez que desliza acusaciones en la prensa contra el primer ministro Fernando Zavala.

En su fundamento la crisis política es una manifestación más del difícil e incierto escenario actual: una patente desaceleración económica y el continuo desencuentro entre el Ejecutivo y el Congreso. En una situación sui géneris, Fuerza Popular parece inclinada a esgrimir su mayoría absoluta actuando como un poder cuasi Ejecutivo. Mientras tanto, el Ejecutivo parece no aceptar que debe gobernar en concierto con una mayoría congresal, fruto de la voluntad popular.

Es casi imposible predecir la evolución de la crisis en el futuro inmediato. Lo que sí es claro es que no habrá solución posible sin un urgente acuerdo de gobernabilidad entre Fuerza Popular y el Ejecutivo. Este acuerdo no solo es reclamado con cada vez más ansiedad por la ciudadanía, sino que en términos prácticos conviene a ambos bandos. Junto con ello se requiere un análisis riguroso de las implicancias institucionales que emanan de la manera en que el Ejecutivo se ha visto obligado a desprenderse de dos importantes ministros.

Adicionalmente –e íntimamente relacionado con lo anterior–, debemos conocer si el nuevo ministro de Economía, Fernando Zavala, imprimirá cambios sustanciales respecto del manejo económico de su antecesor, con quien colaboró y coordinó de manera muy estrecha. El ministro Zavala ha declarado que pondrá énfasis en la reactivación económica, algo que, sabemos, fue un objetivo central desde el inicio de su gestión, para lo cual contó con el incansable trabajo del hasta hace unos días ministro Alfredo Thorne.

Sabemos cuál es la causa de la parálisis económica: la caída de la inversión pública y privada por más de tres años consecutivos. Por tanto, más allá de las críticas que algunos políticos y analistas advierten al juzgar al ministro saliente, se impone una evaluación integral de su gestión.

Considero que las críticas puntuales que le achacan al ex ministro son en algunos casos erradas, y en otros no guardan relación de causalidad con la desaceleración que la economía experimenta desde el 2014. Esta bajó su ritmo de crecimiento a tal punto que el año pasado fue solo la entrada en producción de tres grandes operaciones mineras la que previno que la economía creciese menos del 2%.

Quienes critican a Thorne pasan por alto el hecho de que imprimió al Ministerio de Economía y Finanzas un necesario tono reformador, algo que fue descuidado durante años de manejo complaciente y en ‘piloto automático’. Temas que Thorne impulsó, como el sistema de inversión pública, impuestos, formalización y la institucionalidad para el manejo de las asociaciones público-privadas, los numerosos y positivos cambios normativos y de gestión para agilizar la acción del Estado entre muchos otros, no son poca cosa.

El énfasis en la reactivación de la economía que el ministro Zavala quiere imprimir a su gestión es tan impostergable como el acuerdo de gobernabilidad. En ese esfuerzo deberá contar con el concurso muy activo de elementos claves al interior de la administración pública, donde desafortunadamente muchos buenos funcionarios no están recibiendo hoy ni el apoyo ni la protección legal que se requiere para tener éxito. En ese sentido, el episodio rocambolesco que determinó la renuncia de Thorne no aporta confort a quienes dentro del gobierno están llamados a reactivar la inversión, y daña de manera grave la capacidad del Estado para atraer individuos competentes y honestos a la carrera pública.