Las huelgas y el desencanto, por Alfredo Torres

La aprobación a la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski bajó a 29%. Con los cinco puntos de caída, que registra la encuesta de Ipsos-El Comercio que se publica hoy, llega a su menor aprobación en lo que va del gobierno. En tanto, su desaprobación se elevó a 64% y ya es mayoritaria en todas las regiones y los estratos sociales. La encuesta encuentra explicaciones de esta desaprobación en la desilusión del primer año de gobierno, expresada en el discurso de Fiestas Patrias, y la ola de huelgas que enfrenta el país.

Con respecto al discurso, que tuvo una audiencia elevada, el 30% de quienes lo vieron o escucharon lo consideró bueno y el 58%, malo. Las palabras más asociadas a él fueron desconfianza, decepción e incertidumbre. La magnitud del desencanto se hace más notoria cuando se comparan estos resultados con los de hace un año. El primer discurso presidencial de PPK fue considerado bueno por el 78% y malo por el 11%, y los principales sentimientos que generó fueron esperanza, confianza y tranquilidad.

Es habitual el desencanto luego del primer año de gobierno, cuando se contrastan las excesivas expectativas del inicio de un mandato con las limitaciones de la gestión pública. Lo mismo ha ocurrido en gobiernos anteriores. Sin embargo, las palabras importan. Los gobernantes que tocan los temas que más le preocupan a la población y que logran transmitir liderazgo pueden recuperar apoyo popular. Lo contrario también es cierto. Si el mensaje de Fiestas Patrias no llega al corazón de la ciudadanía, el declive no se detiene. Alejandro Toledo, por ejemplo, bajó de 18% a 16% en agosto del 2002; García, en cambio, subió de 32% a 35% en agosto del 2007; y Ollanta Humala, que no destacaba por su oratoria, se mantuvo en 40% en agosto del 2016 gracias a inaugurar su tercer Gabinete.

La ola de huelgas que afecta al país es probablemente la principal explicación del malestar que recoge la encuesta. La aprobación del primer ministro Fernando Zavala cae de 31% a 24% y la de la ministra de Educación, Marilú Martens, de 34% a 24%. En contraste, el 56% de la población apoyaba la huelga magisterial en los días en que se aplicó esta encuesta. Los resultados revelan que el magisterio tuvo más éxito que el gobierno en sensibilizar a la ciudadanía sobre su situación económica y que la presencia del Movadef/Sendero Luminoso, como promotores de la paralización, pasó desapercibida para la mayoría.

Las huelgas del sector público no son inusuales en estos meses, debido a que a fines de agosto el gobierno debe presentar su propuesta de presupuesto general de la República al Congreso. Es una excelente oportunidad para que el gobierno y los propios congresistas hagan docencia política sobre la relación entre mejoras salariales y crecimiento económico. Es el momento para generar apoyo a medidas que faciliten la inversión, especialmente en sectores que contribuyen de manera significativa a incrementar los recursos fiscales, como la minería.

La encuesta de este mes revela que la opinión pública está abierta a ese mensaje. A la pregunta sobre qué debe hacer el gobierno para pagar mejores sueldos a los servidores públicos, el 50% contesta que aumentar la inversión para que haya más crecimiento económico y así mayor recaudación tributaria; el 30%, combatir la evasión y la informalidad para que más gente pague impuestos; y solo 11%, aumentar la presión tributaria a quienes pagan impuestos actualmente.

No es la primera vez que un gobierno enfrenta una larga huelga magisterial. Los maestros fueron las principales víctimas del modelo económico inflacionario que se inició en la década de 1970 y culminó en 1990. Desde entonces han recuperado sus ingresos, pero no al ritmo que quisieran y que se merecen. El gobierno tiene un plan para que mejoren sus ingresos reales en los próximos años, pero es evidente que no sabe comunicarlo.

Con el tiempo, las huelgas se agotan y pierden apoyo popular, sobre todo si se radicalizan. En ese sentido, la opinión pública también es tajante: el 67% considera que los huelguistas tienen derecho a marchar por las calles, pero el 76% está en contra de que impidan que los que quieran trabajar puedan hacerlo y el 93% en contra de que actúen con violencia.

A su vez, el 71% aprueba que sean despedidos y reemplazados si no vuelven al trabajo, luego de que una huelga haya sido declarada ilegal (las respuestas van desde los que piden que se les despida de inmediato hasta los que creen que el despido procede luego de un mes de huelga). Terminar con una paralización prolongada requiere ganar la confianza de la mayoría de los trabajadores en huelga y de la opinión pública de que se dará el máximo aumento salarial posible. Si el gobierno convence a la ciudadanía de la seriedad de su oferta, tendrá también su apoyo para actuar con firmeza contra quienes no vuelvan a trabajar.