En el Semáforo de este jueves 29 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, investigadores de la PUCP desarrollaron RumiTech y AnimalTech, dispositivos para evitar que las mascotas se pierdan mediante GPS, sensores biomédicos y localización inteligente con comunicación sin Internet. Segundo, 64 candidatos al Congreso de 29 partidos mantienen vigente su Registro de Formalización Minera (Reinfo), con casos concentrados en Unidad Nacional, Somos Perú, Perú Libre, Podemos Perú y Alianza para el Progreso. Finalmente, la extorsión se ha expandido desde Lima hacia otras regiones, afectando zonas rurales y sectores vulnerables mediante amenazas y cobros de “cupos”, reflejando la descentralización de la criminalidad.
🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO
Un grupo de investigadores de la PUCP desarrolló RumiTech y AnimalTech, dos dispositivos para mejorar el bienestar animal y evitar que las mascotas se pierdan. RumiTech está diseñado para monitorear animales de pastoreo con GPS y sensores biomédicos que miden salud y ubicación, mientras que AnimalTech funciona como localizador inteligente para perros y gatos, con comunicación incluso sin Internet gracias a una SIM propia. Además, ofrece datos de actividad y un calendario veterinario en una app. Ambos proyectos aún son prototipos, pero buscan innovar en el cuidado animal.
Una investigación de Territorio Tomado reveló que 64 candidatos al Congreso de 29 partidos políticos que participan en las elecciones mantienen vigente su Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un mecanismo ligado a la formalización de mineros informales. Algunos postulantes incluso cuentan con más de un registro, sumando 124 en total, mientras que 37 fueron excluidos por incumplir requisitos. Entre los partidos con más casos están Unidad Nacional, Somos Perú, Perú Libre, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.
La extorsión en el Perú se ha expandido más allá de Lima hacia otras regiones, adaptándose a diferentes contextos y convirtiéndose en un delito cada vez más presente en el ámbito nacional, según el Observatorio del Crimen y la Violencia. Esta expansión se observa incluso en zonas rurales y entre sectores socioeconómicos más vulnerables, con modalidades como amenazas, cobros de “cupos” y presión a negocios y transportistas. El fenómeno refleja que la criminalidad se ha descentralizado, lo que complica los esfuerzos para combatirlo.
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