Irresponsabilidad fiscal

Una de las pocas instituciones que ha sostenido el crecimiento económico ha sido la estabilidad fiscal. Con una enorme irresponsabilidad, como ha advertido el Consejo Fiscal, la hemos debilitado seriamente. ¿Qué ha sucedido? El Ejecutivo y el Congreso han aprobado leyes que socavan la sostenibilidad macroeconómica: el aumento del 2% del IGV al Foncomún; la proliferación de exoneraciones tributarias, como la agroexportadora; la expansión de zonas económicas especiales; el incremento de salarios y bonos en el sector público, como la ley de pensiones a los maestros, que establece una pensión mínima de S/3.300, o el subsidio para la pensión mínima de las AFP.

La Constitución establece que el Congreso no tiene iniciativa de gasto; es decir, no puede dar leyes que impliquen el uso de recursos públicos. Este ‘candado’ tenía como objeto impedir que ocurra lo que los congresistas han hecho: aprobar leyes que no tienen un financiamiento identificado y generan déficit fiscal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, cuyos miembros han sido nombrados por este Parlamento, hizo una “interpretación auténtica” de la Constitución en el 2022 y habilitó al Congreso para aprobar leyes con impacto fiscal, lo que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos hoy.

El actual Parlamento ha aprobado 229 leyes que tienen un impacto fiscal adverso. Es decir, que dañan la estabilidad fiscal que tanto esfuerzo nos ha costado. El costo estimado de estas leyes es S/35.795 millones anuales. Solo la nueva ley agroindustrial le costará al Estado alrededor de S/20.000 millones en sus diez años de vigencia.

Pero no solo eso: se han identificado 352 proyectos, actualmente en debate, que generarán un impacto fiscal negativo. Solo 10 de estos generarían un costo anual de S/25.000 millones. La proyección es que, para el 2036, la deuda pública llegaría al 70% del PBI. El límite de la deuda pública es del 30%. Fue establecido para mantener las finanzas sanas. La estabilidad macroeconómica atrae inversión privada, nacional y extranjera, que impulsa el desarrollo. Cuando un país tiene inflación controlada, deuda pública sostenible y crecimiento estable, los inversionistas internacionales lo perciben como menos riesgoso. Esto se refleja en un riesgo país más bajo, lo que reduce las tasas de interés que exigen para prestarse dinero. De esta manera las inversiones terminan costando menos. Y toda esta deuda no se generará por inversión en infraestructura, por ejemplo, para mejorar la vida de los ciudadanos, sino en gasto y menores ingresos (producto de exoneraciones). Los políticos, los funcionarios del Ejecutivo liderados por ministros de Economía sin criterio, y el mercantilismo empresarial, que impulsa beneficios para sus sectores, sin medir el daño a las finanzas públicas, están socavando las bases del crecimiento futuro.

Desde los noventa, los ministros de Economía respetaron la regla fiscal y cuestionaron las leyes que generaban mayor impacto negativo. Hasta que Castillo y Boluarte llegaron al poder. El MEF tiene la obligación de observar las leyes con iniciativa de gasto y llevar al TC aquellas que sean aprobadas por insistencia. Es urgente que el TC rectifique su posición sobre la iniciativa de gasto del Congreso.

La captura del poder y la desarticulación de la burocracia para repartir a destajo cuotas de poder y corrupción se han convertido en el modus operandi de nuestro país. Pero ninguno de los líderes políticos pagará las cuentas. Lo haremos los peruanos a costa de nuestro futuro.