Error político

El texto introductorio de la moción sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) fue un error de barbarie política que ya está siendo capitalizado por la coalición “progresista” o “caviar”, que ha convocado para hoy a una marcha. En esa moción se propone directamente “la remoción de la totalidad de los miembros de la JNJ” luego de una investigación sumaria. Un error político, digo, porque, si se revisa la moción en su conjunto, encontramos cinco actos atribuidos a la JNJ que sí ameritan ser investigados para ver si constituyen o no causa grave de remoción según el tenor del artículo 157 de la Constitución. Pero haber planteado la remoción de todos los miembros como punto de partida fue un regalo a la otra parte y el pretexto perfecto para que nadie leyera su contenido con los actos que se les imputa.

Un error político también porque la determinación de causa grave y la consecuente destitución de uno o más miembros de la JNJ es algo que tiene que hacerse a nivel individual –no en conjunto– y luego de un debido proceso que tome el tiempo que deba tomar, y con fundamentos razonables, sin arbitrariedad. De lo contrario, los afectados acudirían a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde obtendrían resoluciones favorables.

Pero la manera como se planteó la moción y el temor de que pudiéramos estar ante un manotazo antijurídico solo ha servido para devolver a la vida a un sector que había perdido terreno y fuerza y que se reagrupa nuevamente con las banderas del antifujimorismo, que es lo que les da unidad y fuerza. Porque, finalmente, esa sigue siendo la gran división política nacional, facilitada por la psicología cognitiva que tiende a simplificar la realidad en dualidades, y esta es la más cómoda. Pese a que la moción fue redactada y promovida por Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, al final la responsabilidad le es enrostrada al fujimorismo, considerado la bestia negra antidemocrática por los actos de Alberto Fujimori en los 90, pese a que los mayores atropellos contra la democracia en los últimos años –la disolución inconstitucional del Congreso, las abusivas prisiones preventivas contra políticos por temas que no eran delito– fueron protagonizados por la coalición antifjujimorista (o “caviar”).

He sostenido que esos atropellos generaron una reacción que se plasmó en una mayoría “anti-caviar” (que aloja también intereses judiciales) en el actual Congreso que ha hecho nombramientos positivos (Tribunal Constitucional) y negativos (defensor del Pueblo), desplazando a sectores “caviares”. Esos nombramientos, positivos o negativos, son legítimos en una democracia donde las designaciones responden a la mayoría congresal vigente. No reflejan entonces un intento de “dictadura” congresal, como señalan los sectores desplazados que, en respuesta, querrían más bien recapturar el Ministerio Público destituyendo a la fiscal de la Nación.

Tres de las imputaciones a la JNJ tienen que ver con esto y revelarían, según la moción, parcialidad hacia un lado del espectro: haber filtrado a IDL-Reporteros, centro neuronal del antifujimorismo o del “caviarismo”, la información de que Inés Tello estaba recomendando un proceso disciplinario contra la fiscal de la Nación que podía derivar en su destitución (eso fue la declaratoria de guerra), haberse pronunciado contra el proceso a Zoraida Ávalos, pese a estar bajo su evaluación y control (juez y parte), y haber presionado directamente al presidente de la Corte Suprema.

El problema acá es que, desde que la política se ha judicializado y el sistema judicial puede destruir o debilitar candidatos y partidos políticos, el Ministerio Público y la JNJ se han convertido en objeto de disputa política. Lo que debemos cuidar es que esa guerra se dé dentro de los límites del Estado de derecho y de las reglas del debido proceso.