La guerra de todos contra todos

Es imposible derrotar a la criminalidad si las instituciones que deben enfrentarla están envueltas en una guerra intestina entre ellas. Para comenzar, nada menos que el ministro del Interior, de quien depende la policía, ha formulado dos denuncias contra la fiscal de la Nación –cuyos fiscales tienen que trabajar de la mano con los policías–, una ante el Congreso y otra ante la Junta Nacional de Justicia. Esto como respuesta a una investigación fiscal que se le ha abierto por unos audios donde conversa acerca de la Diviac y el exoficial Harvey Colchado. No está claro cuál es el delito que se le imputa, pero la respuesta es desproporcionada, y aprovecha la confrontación que a su vez existe entre un sector del Congreso y el sistema judicial, así como la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia que, dicho sea de paso, ya ha abierto una cuestionable investigación sumaria a la presidenta de la Corte Suprema.

El ministro del Interior se ha convertido en un factor divisivo que hace imposible la unidad de acción para luchar contra la criminalidad. El problema es que él actuó en defensa de la presidenta cuando ella sufrió el embate ciertamente politizado de parte de la Eficcop y la Diviac. Por eso, la causa última de esta guerra de todos contra todos en la que nos hundimos es la politización de la justicia, que llevó a una reacción en la que a los políticos injustamente perseguidos y encarcelados se sumaran los que buscaban impunidad para los delitos que habían cometido.

Una manera de empezar a desactivar esta guerra y separar la paja del trigo, es cerrando los procesos por donaciones de campaña que, al no haber delito, se convirtieron en medios de persecución política. Pero a la fiscal de la Nación no se le ha ocurrido mejor idea que respaldar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez presentando unos “logros” del equipo Lava Jato en el que se mezclan casos de sobornos reales (Alejandro Toledo y Martín Vizcarra) con los de donaciones de campaña (Keiko Fujimori y Ollanta Humala). La guerra continúa entonces. A ello se suma la insólita decisión de la presidenta de la Corte Suprema de no aceptarle su renuncia al juez Víctor Zúñiga, el mismo que dio luz verde a una acusación política y sin fundamentos.

Y en la medida en que algunos tipos penales han sido usados de manera abusiva también contra políticos y empresarios, el Congreso busca acotarlos, pero de ello aprovechan algunos para librarse de las consecuencias de la justicia. A río revuelto, ganancia de pescadores. El caso de la detención preliminar es paradigmático. Se abusó de ella, y en lugar de buscar un término medio, se la eliminó, y aun no se restablece, para solaz de los criminales. Mientras tanto, la fiscal de la Nación sale a denunciar apocalípticamente que el Congreso quiere dejar a la justicia sin armas al modificar la ley de extinción de dominio, al amparo de la cual se ha cometido también muchos abusos. En lugar de reconocer excesos y proponer un justo medio, denuncia. No hay quien pare esta guerra.