El sistema de justicia del Perú se quiebra. La reciente crisis entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público es una nueva evidencia.
La JNJ anuló la destitución de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides. La Junta de Fiscales Supremos sostiene que solo esta puede nombrar al fiscal de la Nación.
La JNJ alega que no ha “nombrado” a Patricia Benavides, sino que ha anulado la destitución. Para ellos, tal destitución no había respetado los principios del debido proceso (sobre todo, en cuanto a negar la defensa).
“Hay una fiscal de la Nación legítima, que soy yo”, ha declarado Delia Espinoza, la actual fiscal de la Nación. Ella fue nombrada por la Junta de Fiscales Supremos.
¿Puede la JNJ volver a la situación anterior a la destitución? ¿Aun cuando eso implique en los hechos destituir a la fiscal de la Nación elegida por la Junta de Fiscales Supremos?
El caso de Patricia Benavides es más que delicado. Es grave. Ella ha sido sindicada por su exasesor de haber cometido actos irregulares.
Su tesis para obtener la plaza de fiscal suprema no existe. No la tiene la universidad y no la tiene ella tampoco. Habría interferido en la investigación que se sigue contra su hermana, la jueza Emma Benavides.
Una de las sindicaciones más graves es que habría negociado carpetas fiscales de parlamentarios a cambio de inhabilitar a Zoraida Ávalos, ex fiscal de la Nación.
Benavides se habría reunido con la presidenta Dina Boluarte. El objetivo: negociar el archivamiento de las denuncias sobre las muertes en las protestas.
Estos son dichos de quien fuera su asesor, Jaime Villanueva. Él mismo habría participado en algunos de estos ilícitos. El proceso de investigación y corroboración, por supuesto, debe continuar.
¿Puede una investigación de esta gravedad realizarse mientras la investigada cumple la función de fiscal de la Nación?
Para ser fiscal supremo se requiere, entre otras cosas, “gozar de conducta intachable, públicamente reconocida” (Ley Orgánica del MP, art. 39.5). En el caso de Patricia Benavides, ¿se puede hablar de “conducta intachable públicamente reconocida”?
Por supuesto, las imputaciones tienen que demostrarse. La funcionaria es inocente legal y judicialmente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, ¿no debe la institución resguardarse de cualquier alto riesgo de interferencia e imparcialidad?
El problema entre la JNJ y la Junta de Fiscales Supremos es un problema competencial. Debilita y desprestigia todo el orden institucional.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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