Los congresistas de APP y Somos Perú han empezado una campaña para poner todas las trabas posibles a la indagación sobre la presunta red de prostitución en el Parlamento. En un evidente juego en pared, representantes de ambos grupos han puesto la mira en frenar a la Comisión de Fiscalización que preside Juan Burgos (Podemos Perú).
La primera evidencia de esta estrategia es el documento enviado por Héctor Valer, portavoz de Somos Perú, a la fiscalía alegando dos puntos: que la Comisión de Fiscalización no puede investigar la denuncia de la supuesta red y que, según su interpretación, el presidente del grupo estaría cometiendo el delito de usurpación de funciones. Ambos argumentos no solo demuestran un claro desconocimiento de la normativa, sino que pretenden desconocer la historia de las investigaciones legislativas. La Constitución estipula que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto público. A esto se suma que el reglamento del Congreso, en su artículo 34, señala que las comisiones son grupos de trabajo especializados cuya “función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y, en particular, de los sectores que componen la administración pública”.
En ninguna parte del reglamento se limitan las facultades de la Comisión de Fiscalización como un órgano “encargado de estudiar y fiscalizar el gasto público”. Si revisamos la historia, el principal trabajo de la Comisión de Fiscalización ha estado centrado en asuntos de interés público en general y nunca han necesitado de una delegación de facultades para actuar, como también interpreta el legislador Valer. Un ejemplo: la investigación del Caso Convial (el peaje del Callao), cuya acusación terminó con Alex Kouri en la cárcel.
La Comisión de Fiscalización siempre inicia con una indagación preliminar que reúne todos los indicios necesarios para solicitar las facultades investigadoras ante el pleno. Estas no son más que herramientas que le permiten al grupo realizar citaciones de grado o fuerza, o levantar el secreto bancario y de comunicaciones. En la misma línea de Valer, Alejandro Soto se ha negado a asistir a la Comisión de Fiscalización alegando que la única competente para investigar la red de prostitución es la fiscalía. Ambos argumentos son erróneos y aquí nuevamente nos remitimos a los antecedentes, donde dicha comisión nunca ha necesitado facultades para iniciar indagaciones y sus pesquisas se han dado antes de una investigación fiscal o en paralelo a esta.
Un debate diferente es la facultad de investigar a los congresistas en comisiones distintas a la de Ética o a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En este punto existen opiniones consultivas respecto de las limitaciones. Sin embargo, estas no impiden que un parlamentario pueda asistir al grupo de fiscalización para dar su testimonio que ayude a esclarecer ciertos hechos. Dicho esto, también vale una crítica a la labor del congresista Burgos al frente del grupo, pues su excesivo protagonismo le viene quitando seriedad a una indagación tan delicada como la de una presunta red de prostitución. Valdría la pena que el legislador de Podemos Perú encuentre orden y reserva en su proceso de recolección de evidencia para llevar un caso sólido al pleno para exigir facultades de investigación.
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