El operador inamovible

A estas alturas, solo personas muy desinformadas pueden no darse cuenta de que el Gobierno y el Congreso son funcionales al crimen. Lo novedoso es que desde hace algunos meses el operador responsable de ello es el mismísimo ministro del Interior, tanto por su incompetencia como por la protección legal a los criminales.

Vamos con lo primero:

El predecible fracaso de los estados de emergencia se expresa dramáticamente en cada estallido de violencia en Pataz y, cotidianamente, en el crecimiento incontrolable de los homicidios.

La tendencia la grafica el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Minsa –que el inamovible cuestiona sin mostrar evidencia– que registra un 30% más de homicidios en el 2024 y que da cuenta de 75 homicidios en 15 días de enero.

Por nuestra parte, en el Observatorio del Crimen y la Violencia, temiendo que, tal y como van las cosas, las fuentes oficiales terminen siendo bloqueadas o manipuladas, venimos documentando diariamente, uno a uno, desde mayo del año pasado, los homicidios que registran medios de comunicación de todo el país cuando estos son expresión o consecuencia de la violencia criminal. Con base en ello podemos afirmar que estos se han más que duplicado en siete meses y que la tendencia en enero es notoriamente al alza.

En diciembre, la demagogia populista que ofrecía en 90 días con emergencia revertir la tendencia ya no daba para más. Revivieron, entonces, la gastada “promesa” de la pena de muerte para violadores que podía darles un respiro. El personaje que nos ocupa ofreció que sería también para extorsionadores. No funcionó. En enero, esta vez en boca del presidente del Consejo de Ministros, se anunció lo más descabellado hasta la fecha: los policías cobrarían recompensas millonarias por determinadas capturas. Esta vez el absurdo fue abandonado al día siguiente.

El saldo a la fecha: más criminales en más lugares hacen lo que les da la gana y lo seguirán haciendo con cada vez mayor crueldad y casi total impunidad.

Esto nos lleva a la segunda misión que cumple con entusiasmo el Ministerio del Interior; a saber, proteger a Dina Boluarte y su entorno de investigados por la justicia.

El flamante operador ha sido el artífice de que, dado el limbo legal en el que nos encontramos desde hace más de un mes, y quién sabe por cuánto tiempo más, no se pueda detener preliminarmente, salvo para casos en flagrancia. Ejemplo: los que disparan contra comercios y filman sus asesinatos no pueden ser detenidos preliminarmente.

Peor aún, propone modificaciones que, de ser recogidas por un Congreso al que le encantan estas cosas, impedirían que para muchísimos delitos graves, incluyendo por supuesto todos los de corrupción, no haya posibilidad de detención preliminar, salvo en flagrancia.

El inamovible se sabe protegido por la presidenta y avalado por el Congreso, pero, a la vez, conoce que su flanco débil son las investigaciones penales en las que está incurso. No es casual, así, que en lugar de trabajar juntos contra el delito (separando en la PNP y en el Ministerio Publico a las manzanas podridas), denigre cotidianamente a la fiscalía como institución.

Aun así, está en aprietos. Recordemos que hace unos meses aseguró que su voz no era su voz y anunció que entregaba su celular voluntariamente para probarlo. Tardó la fiscalía, pero llegó el momento del deslacrado para establecer si había comunicaciones con la otra voz, que también era nítida, pero que sí se identifica y lo delata. Oh, sorpresa, el voluntario había entregado un celular formateado y sin chip.

Es casi una confesión de parte y una evidente obstrucción a la justicia. No entregará nada porque no puede. Y nada le va a pasar. Sabe mucho y se sabe inamovible.

Así estamos.