
Una pregunta frecuente en el entorno político es la siguiente: ¿por qué la presidenta prolonga la presencia de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior (Mininter)?
Al cierre de esta columna, el actual ocupante del incómodo despacho de la urbanización Córpac es el segundo de mayor duración (294 días) entre los seis ministros del Interior que ha tenido Boluarte. En efecto, Santiváñez está a pocos días de superar a Vicente Romero (308), algo que parece altamente probable, dada su aparente invulnerabilidad, aupada, además, por la presunta preocupación por la gobernabilidad manifestada por el liderazgo congresal.
La pregunta resulta pertinente, considerando la importancia que le da la jefa del Estado a su fiel ministro, al punto de llegar a hablar de un golpe cuando el Ministerio Público ejecutó el allanamiento domiciliario de Santiváñez el último lunes 3.
Pueden formularse al menos tres razones. En primer término, Santiváñez acapara las principales críticas de la amplia, aunque acéfala, oposición que enfrenta Boluarte. Mirko Lauer, quien precisa que el encargado del Mininter es el “favorito” de la presidenta, lo formula así: “Ningún miembro del Gabinete atrae tantos rayos como él, permitiendo que la presidenta pueda vivir algo más tranquila” (“La República”, 4/3/2025).
Además del alivio actual, Santiváñez promete un respiro futuro: cuando Boluarte opte por prescindir de él, tendrá un ligero aliento, cuando no entusiasta, si opta por convocar a alguien que sintonice con el ánimo popular.
En segundo lugar, Santiváñez encarna con suficiencia aquella máxima de que la mejor defensa es el ataque. El hecho es gravitante para un gobierno como el de Boluarte, arrinconado por distintos apremios judiciales y carente de resultados, sobre todo en sectores críticos como el de Interior.
Finalmente, Santiváñez empatiza recurrentemente con los aliados del gobierno. A ello parece responder esta aparente obsesión por lo que hagan o dejen de hacer los operadores “caviares”, lo cual se traduce en una retórica encendida y persistente, aunque efectiva, sobre el tema.
Estas tres razones (y, seguramente, algunas otras) corresponden a un régimen muy particular que, como el de Boluarte, tiene un solo afán: sobrevivir. Casi desde su origen, aquel 7 de diciembre, la administración actual parece haber abdicado de la solución real de los problemas más urgentes de los ciudadanos y ha optado por, simplemente, prolongar su existencia.
Dicho objetivo, de forma inevitable, determina que las convicciones sean, en la mayoría de las ocasiones, inexistentes. Incluso cuando tienen lugar, suelen ser apuestas erradas, como ocurrió con la gestión de Petro-Perú.
Esta determinación hace que, para el liderazgo del Ejecutivo, la gestión real de los asuntos públicos parezca secundaria. Más rentable para la presidenta parece haber sido optar, en ciertos sectores, por un eficiente ‘housekeeping’, que le asegure, como se decía antaño, “un buen pasar”.