¿Culpable, inocente o todo lo contrario?

La familia Fujimori es, desde hace más de tres décadas, protagonista decisiva de la vida política nacional.

Alberto fue elegido en 1990, ganándole nada menos que a Mario Vargas Llosa, y reelegido en 1995 derrotando a Javier Pérez de Cuéllar, otro de los peruanos prestigiados en el mundo. En el 2000, su nueva reelección estuvo signada por graves evidencias de fraude, seguidas por los ‘vladivideos’ y su vergonzosa fuga a Japón.

Recién en el 2011, en un país polarizado a favor y en contra de la condena al patriarca por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, el fujimorismo logró convertirse de nuevo en una fuerza decisiva en el Congreso.

Ello no impidió que Keiko fuese derrotada tres veces en segunda vuelta, revelando que el antifujimorismo era incluso más fuerte, al punto de explicar que alguien tan impresentable como Pedro Castillo llegase a la presidencia.

Favorecido por la extrema fragmentación de las demás, el peso del fujimorismo en el actual Congreso es bastante mayor que el tamaño de su bancada. Se llega a sostener que, si el Ejecutivo hace lo que el Congreso decide, buena parte de lo que allí se acuerda es lo que la señora Fujimori quiere.

Mirando hacia el 2026, me parece claro que ella postulará a la presidencia nuevamente y que su indultado padre apostará por una curul en el Senado. La lógica que los impulsa es que, con más de 30 candidatos (otro legado de este Congreso), puede aspirar a ser uno de los enanitos más grandes y pelear de nuevo en una segunda vuelta como el mal menor. Puede que les funcione, puede que no. Acceder al sillón de Pizarro dependerá de nuevo de una lotería.

De allí la importancia política del inicio del juicio en el que se la acusa de lavado de activos luego de recibir millonarios aportes de campaña por fuera de la ley.

En circunstancias ‘normales’, debiera haber tiempo suficiente para que se determine su culpabilidad o inocencia. Decisiones polares que tendrían evidentes e indudables efectos en el destino político de la familia.

Pero todo parece indicar que ni lo uno ni lo otro habrá ocurrido para las elecciones del 2026.

Basta tomar como referencia que el juicio oral a Ollanta Humala, Nadine Heredia y 13 personas más por el mismo delito lleva ya 28 meses y no parece estar por concluir.

En el caso de Keiko Fujimori, son 48 los enjuiciados y la fiscalía anuncia tener más de 1.000 testigos para fundamentar sus acusaciones. La obsesión de José Domingo Pérez por aumentar el número de acusados lo ha llevado a un juicio inmanejable. A su vez, que el primer día los abogados de Keiko y de otros acusados intentaran retrotraer el juicio a la etapa de control de acusación da cuenta de que ellos tampoco tienen interés en que esto se resuelva pronto. Otros 1.000 testigos de ese lado se oponen a los de la fiscalía.

Por más esfuerzos que hagan los jueces para conseguirlo, es virtualmente imposible que para el 28 de julio del 2026 el juicio haya concluido.

Hace más complejo aún el proceso que, a diferencia de los de Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, en los que las abrumadoras evidencias hacen previsible una condena, en este no pocos sostienen que, por condenable que sea recibir dineros oscuros y no declararlos, ello no estaba tipificado como delito en la época en la que los hechos sucedieron.

Paradójicamente, estando dos de los tres jueces en ambos procesos, que el de Humala acabase mucho antes y dado que las acusaciones son muy similares, la condena o absolución del primero preanunciaría el destino de la segunda, aun cuando su juicio tenga aún años por terminar.