La ciencia peruana ha cambiado de tamaño en menos de una década sin que casi nadie lo note fuera del gremio. Hace ocho años el país tenía poco más de tres mil investigadores registrados formalmente; hoy son catorce mil. Las publicaciones científicas nacionales, que antes apenas llegaban a los 3.600 títulos al año, hoy superan los 11.000. Es, en cualquier métrica razonable, un crecimiento notable, el tipo de cifra que en otro país serviría de argumento para pedir más presupuesto.
Y sin embargo el presupuesto no ha seguido ese ritmo. Según las últimas cifras, Perú invierte alrededor de 0,19% de su PBI en investigación y desarrollo, una proporción que ha aumentado poco frente al crecimiento del sistema científico y que sigue por debajo de la de sus vecinos. Colombia, por ejemplo, destina 0,31%, Chile 0,41%, mientras el promedio de América Latina bordea el 0,61% y el de los países de la OCDE supera el 2,9%.
La pregunta que se desprende casi sola es cómo un ecosistema científico que casi se quintuplicó puede sostenerse con un financiamiento que no ha crecido en proporción equivalente.
Siete millones para cinco urgencias
El fondo concursable que administra este año PROCIENCIA, el brazo del Estado encargado de financiar proyectos de ciencia y tecnología, ofrece una respuesta parcial a esa pregunta. Son catorce convocatorias, más de 73 millones de soles y 403 subvenciones por financiar, una cifra que a primera vista parece generosa.
Pero dentro de ese monto hay una jerarquía menos visible; solo 20 subvenciones, de hasta 350 mil soles cada una, están dirigidas a los 5 sectores que el propio Estado califica como prioritarios para el desarrollo del país (ambiente, salud, seguridad alimentaria, energías renovables y tecnologías de la información).
En conjunto, esas 20 subvenciones no llegan a siete millones de soles, menos del 10 % del fondo total. Es un fondo pequeño para cubrir cinco áreas estratégicas que van desde salud y seguridad alimentaria hasta energías renovables y tecnologías de la información.
Una parte de ese dinero, además, no proviene enteramente del Estado peruano, trece millones y medio de soles vienen del proyecto SINACTI II, financiado en buena medida por un préstamo de 100 millones de dólares que el Banco Mundial aprobó en 2022 para fortalecer el sistema científico nacional en tres áreas específicas (cambio climático, salud y economía digital). Vale la pena notar que esas tres áreas coinciden, casi palabra por palabra, con la coyuntura que atraviesa el país en este momento; el gobierno acaba de declarar emergencia por el Fenómeno El Niño 2026-2027 y ha puesto en alerta al sistema de salud ante un eventual rebrote de dengue, mientras el país implementa el marco regulatorio de inteligencia artificial y su nueva Estrategia Nacional de IA 2026-2030.”
Discurso versus presupuesto
Nada de esto significa que el Estado carezca de una visión sobre ciencia y tecnología. La tiene, y en el papel es razonable; articular a la academia, la empresa y el sector público; usar la investigación para resolver problemas concretos del país; y premiar con deducciones tributarias de hasta 240% a las empresas que decidan financiar proyectos científicos.
Lo que está en duda no es la existencia de esa visión, sino su proporción. El discurso de articulación Estado-academia-empresa se sostiene sobre un fondo que, en la práctica, reparte menos de siete millones de soles entre las áreas que el propio gobierno considera urgentes.
El nuevo gobierno tiene sobre la mesa un proyecto, hasta ahora estancado, para crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tiene también la alternativa, más cómoda, de dejar el sistema tal como está; uno que sigue produciendo más investigadores y más publicaciones porque quienes lo integran han aprendido a hacer ciencia con poco, no porque el financiamiento haya dado un salto real.
Ahí quedan los números. El gremio ya notó que la ciencia peruana cambió de tamaño. Falta que lo note quien asigna el presupuesto.
Cine
