La culpa es del TC

En los últimos días, se ha hablado mucho sobre el informe del Consejo Fiscal que alerta sobre 229 leyes y 352 proyectos de ley que generarán un gasto o una reducción de ingresos fiscales gigantescos para el Estado, a partir del presupuesto del 2026, pero el verdadero responsable de todo este caos es el Tribunal Constitucional.

Fíjense, un congresista vive lleno de presiones de sindicatos, pensionistas, empleados públicos, alcaldes y organizaciones sociales que les piden aprobar iniciativas que conllevan gasto público. He sido funcionario y no es fácil lidiar con los pedidos diarios que te traen estos grupos de interés. Por eso, más que echarle la culpa a los congresistas que aprueban iniciativas que conllevan gasto público, deberíamos exigirle al TC que cambie su precedente a fin de incorporar candados que eviten que los congresistas sean presionados a aprobar este tipo de iniciativas.

Como se sabe, en la sentencia 984-2021, el TC –interpretando el artículo 79 de la Constitución– dispuso que la prohibición de crear o aumentar gasto público se refiere a que el Congreso no puede aprobar leyes que modifiquen o aumenten el gasto del presupuesto vigente, pero sí podría presentarse iniciativas para futuros gastos que luego el Ejecutivo incluya en el presupuesto. Zas. El TC les regaló el chocolate a los niños: les entregó la llave de la caja fiscal.

Las 229 leyes con impacto fiscal ya promulgadas del 2021 hasta lo que va del 2025, justo en el período en que ya estaba vigente el nuevo precedente del TC, generarán S/72.962 millones de costo adicional, más de tres veces el promedio de lo aprobado en períodos anteriores. Mientras que las 352 iniciativas legislativas en trámite, podrían agregar un costo adicional de S/25.902 millones en el presupuesto del 2026 y el de los años siguientes. Un monto superior al presupuesto anual de inversiones.

Si revisamos las leyes aprobadas, veremos ciertos patrones. Primero: nombramientos automáticos que incorporan personal sin concurso o de forma excepcional en regímenes permanentes. Esto genera un incremento estructural de la planilla pública (salud y educación), sin evaluación meritocrática.

Segundo: creación de universidades nacionales (más de 20 entre el 2023 y 2025), lo que multiplica el número de pliegos presupuestales y gastos recurrentes.

Tercero: bonificaciones, grados inmediatos, beneficios de CTS, Cafae, pensiones que son medidas remunerativas y previsionales con efectos directos sobre el gasto corriente. Esto eleva significativamente el gasto en planilla (sobre todo en el sector educación) y pensiones, genera inequidad entre regímenes laborales y desincentiva la meritocracia.

El gran problema con estas medidas es que el déficit fiscal se proyecta que pasaría de 2,2% del PBI en el 2026 a 6,43% en el 2036. El déficit puede graficarse como la diferencia entre los ingresos y gastos de una familia. ¿Qué hace la familia cuando hay más gastos que ingresos? En principio, debería cortar gasto, pero eso difícilmente va a ocurrir. Entonces, tendrá que aumentar los impuestos a todos nosotros o endeudarse (y desde luego invertir menos). Hoy la deuda pública es 32% del PBI, pero si se consideran las leyes ya aprobadas y los proyectos en camino, esta ‘familia’ podría endeudarse hasta 70% del PBI en el 2036. Ese nivel de deuda es insostenible para una economía con el nivel de ingresos de la nuestra, y nos llevará más temprano que tarde a hacer un ajuste doloroso de gastos que generará literalmente más hambre. Recuerden, sin ir muy lejos, lo que tuvo que hacer Fujimori con el ‘fujishock’.

La solución está en manos de siete personas: Luz Pacheco, Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández. Así, con nombres y apellidos. No busquen soluciones en el Congreso, la solución está en manos de las siete personas que conforman el TC.