La entelequia del Estado Peruano, por Roberto Abusada Salah

PARA SUSCRIPTORES: No hay quinto malo, por Fernando Tuesta Soldevilla

Mirando con qué y cómo funciona el Estado en el Perú vemos que, en números gruesos, este tiene un tamaño equivalente a aproximadamente algo más del 20% del PBI, financiado principalmente con impuestos, además de otros ingresos corrientes. De estos ingresos, menos de la quinta parte se gasta en inversión y en obra pública. El resto se destina íntegramente al pago de salarios y otros gastos corrientes. La burocracia estatal abarca aproximadamente a medio millón de personas encargadas de la administración general del Estado. Además están unos 300.000 maestros, unos 183.000 policías y miembros de las fuerzas armadas, y unos 17.000 empleados en los servicios de salud, a los que habría que sumarles aquellos que trabajan en Essalud. Luego están los trabajadores del Poder Judicial y de empresas públicas como Sedapal y sus equivalentes regionales, además de otras como Petroperú y Electroperú. Un hecho notable es que, en los últimos 15 años, mientras la población económicamente activa aumentó en un 30%, los trabajadores de la administración pública lo hicieron en un 90%.

Cabe preguntarse ahora por la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ciudadanos. Ciertamente, es fácil identificar las carencias en la educación y en la salud, ya que sus pésimos resultados son más que evidentes. Igual es el caso de la seguridad ciudadana y del imperio de la ley a cargo de la policía y de la administración de justicia. Del mismo modo, nada positivo se puede afirmar del servicio que brindan el medio millón de empleados públicos en la administración general del Estado, que despliegan sus labores bajo el paraguas de frondosas normas como la Ley del Procedimiento Administrativo General de la que fluyen una innumerable cantidad de reglamentos, textos unificados de procedimientos, etc. En todas ellas, se trata al ciudadano con displicencia, suspicacia y nula atención a sus necesidades en las tareas de crear riqueza o buscar justicia. En la legislación administrativa, la palabra “ciudadanos” es reemplazada por “administrados”, haciendo explícita la voluntad de tutoría y eliminando la verdadera función de servicio.

En suma, casi la totalidad de la riqueza nacional es producida por el sector privado, que financia todos los servicios de mala calidad que brinda el Estado. Así, resulta poco menos que suicida la actitud de displicencia y hostilidad con la que el Gobierno se relaciona con el sector privado promoviendo implícitamente la narrativa que postula que se puede prescindir de él, sin reparar que en este se origina todo –o casi todo– lo productivo de la nación. Es en este contexto que se tiende a creer en un Estado capaz de hacerlo todo, cuando en realidad es solamente una entelequia; algo irreal que solo existe en la imaginación de algunos insensatos.

Las discusiones sobre el rol empresarial de este Estado o sobre la implementación de un verdadero estado de bienestar son de plano impertinentes en el Perú de hoy, con las taras que aportan sus dañadas instituciones, su debilidad para ejercer su legítima autoridad y el desmembramiento de la nación que ha significado la pérdida de su carácter unitario, producto de la errada estrategia de descentralización. Quienes hablan del Estado, su presunta funcionalidad y su poder, deberían antes conocer a fondo las características del Estado que el Perú posee.

En medio de una descomunal crisis sanitaria y del desplome de la economía, haría bien el Gobierno en tomar consciencia de que solo de la mano del sector privado puede lograr los resultados que su discurso propone. Todo lo demás es hacerle un profundo deservicio a la nación.