Andrés Oppenheimer

Las federaciones de fútbol de Estados Unidos y varios países europeos, así como algunas empresas multinacionales, merecen un aplauso por apoyar una petición de grupos de derechos humanos para que los organizadores de la Copa de paguen US$440 millones en compensación a los trabajadores migrantes que sufrieron abusos mientras construían los estadios del Mundial.

Hasta el 21 de noviembre, un día después del inicio de la Copa del Mundo en Qatar, ni una sola federación latinoamericana de fútbol ni 10 de las 14 empresas multinacionales que patrocinaron el evento habían apoyado la petición de reparación a los trabajadores migrantes, me dijo una portavoz de Human Rights Watch (HRW).

Human Rights Watch, Amnistía Internacional y varios otros grupos de derechos humanos lanzaron una campaña hace seis meses para que Qatar y la paguen reparaciones a los trabajadores migrantes que sufrieron abusos, o a sus familias, cientos, sino miles, de trabajadores migrantes han muerto en Qatar por trabajar bajo un clima extremadamente caluroso, o se les han negado los salarios que les habían prometido, dicen los grupos de derechos humanos.

“La FIFA indiscutiblemente contribuyó al abuso generalizado de los trabajadores migrantes”, dijo el secretario general de Amnistía Internacional, Agnés Callamard, en un comunicado.

Las federaciones de fútbol de EE.UU., los Países Bajos, Inglaterra, Francia y Bélgica han apoyado esta petición. Pero solo cuatro empresas multinacionales –Adidas, Coca Cola, McDonald’s y Budweiser– respondieron positivamente a las cartas de Human Rights Watch a todos los patrocinadores de la Copa Mundial pidiendo su apoyo a la petición.

Otros 10 patrocinadores –Visa, Hyundai, Kia, Wanda Group, Qatar Energy, Qatar Airways, Vivo, Hisense, Mengniu, Crypto y Byju’s– no respondieron a la carta de HRW, me dijo Tamara Taraciuk, la subdirectora para América de dicho organismo.

Asimismo, hay que felicitar a las federaciones de fútbol de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos y Suiza, que se unieron para apoyar el uso de brazaletes multicolores de los capitanes de sus equipos como muestra de apoyo a los derechos de los homosexuales en Qatar, donde la homosexualidad es un crimen.

Vergonzosamente, la FIFA amenazó con sancionar con tarjetas amarillas a los jugadores que llevaran estos brazaletes, lo que obligó a estos últimos a abandonar el plan.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acusó a los críticos de Qatar y la FIFA de “hipocresía”, argumentando que muchos países europeos prohibían la homosexualidad hasta hace solo algunas décadas.

Pero esa es una falsa equivalencia. No se vale justificar la violación a los derechos humanos en Qatar hoy comparándola con una situación que existía –y fue corregida– en Europa hace varias décadas.

Qatar es una dictadura hereditaria sin elecciones libres, ni partidos políticos, ni una prensa crítica. Además de criminalizar la homosexualidad con penas de prisión de hasta tres años, continúa tolerando abusos contra sus trabajadores migrantes a pesar de recientes reformas laborales para evitarlos.

El reporte de Freedom House sobre las libertades en el mundo del 2022 clasifica a Qatar como un país “no libre”. El emir “tiene toda la autoridad ejecutiva y legislativa y, en última instancia, también controla el poder judicial”, dice el informe.

Por supuesto, no es la primera vez que se lleva a cabo una Copa Mundial en un país autoritario. El torneo tuvo lugar en 1978 en Argentina durante la dictadura militar de ese país, y en el 2018 en Rusia.

Pero si normalizamos las decisiones de la FIFA de celebrar copas mundiales en países represivos, como Qatar, será un gran revés para la causa de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Disfrutemos del Mundial, pero no dejemos que la FIFA vuelva a escoger sedes como Qatar.


–Glosado y editado–

© El Nuevo Herald. Distribuido por Tribune Content Agency, LLC

Andrés Oppenheimer es periodista

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