"El juez que accedió al pedido del fiscal Germán Juárez de prisión preventiva para los árbitros parece que copió su resolución de otras similares". (Foto: Antonhy Niño de Guzmán / GEC)
"El juez que accedió al pedido del fiscal Germán Juárez de prisión preventiva para los árbitros parece que copió su resolución de otras similares". (Foto: Antonhy Niño de Guzmán / GEC)
Fernando Rospigliosi

Analista político

Horacio Cánepa está libre. Es el único árbitro al que se le han descubierto cuentas con cientos de miles de dólares en Andorra pagados como coimas por Odebrecht e identificado por funcionarios de esa empresa como receptor de sobornos. “El único pago al único árbitro del que nosotros tenemos conocimiento se hizo al señor Horacio Cánepa”, declaró Jorge Barata el 25 de abril ante fiscales peruanos y brasileños. No obstante, catorce abogados que fueron árbitros sobre los cuales hay sospechas no comprobadas están presos o con orden de captura.

Entre estos últimos hay académicos que han recibido muestras de solidaridad de sus colegas. Y está también Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, preso –injustamente en mi opinión– por presuntamente haber recibido aportes de campaña de Odebrecht en el 2011, cuando eso no era delito y que no tuvo cargo público alguno después de esa fecha y, por tanto, no pudo haber favorecido a esa empresa.

El juez que accedió al pedido del fiscal Germán Juárez de prisión preventiva para los árbitros parece que copió su resolución de otras similares. Y en el difícil trabajo de copiar y pegar, se le pasó un párrafo entero de la acusación contra Pedro Pablo Kuczynski y otros que no tienen nada que ver con los árbitros, como reveló el periodista de “La República” César Romero. Los medios de comunicación, tan proclives a la estridencia cuando se trata de ciertas decisiones judiciales, guardan extraño silencio ante esta barrabasada, que muestra la manera desmañada en la que un magistrado envía a prisión a sospechosos.

Jorge Cuba y Edwin Luyo, exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García, a los que se encontraron cuentas con sobornos de Odebrecht por el metro de Lima saldrán en libertad porque luego de casi tres años de prisión preventiva la fiscalía todavía no presenta acusación en su contra. El fiscal a cargo es el héroe de la lucha anticorrupción José Pérez.

Una juez accedió al pedido de los fiscales Rafael Vela y José Pérez para entregarle 524 millones de soles a Odebrecht producto de la venta de Chaglla. Se ha cuestionado que se otorgue ese beneficio a la empresa, ya que es improbable que pueda pagar los exiguos 610 millones de reparación civil que acordaron con los fiscales y el procurador del gobierno en un plazo de 15 años, reparación que ha sido ampliamente considerada en exceso generosa para con la empresa.

Críticos como Manuel Romero Caro han manifestado que se trataría de un intercambio: fiscales adictos al gobierno y el procurador del gobierno favorecen esa compensación millonaria a cambio de que los funcionarios de Odebrecht señalen a determinadas personas y silencien los nombres de otras.

Varios audios difundidos por el portal Ojo Público revelaron que los fiscales trataban de inducir a Martín Belaunde Lossio a declarar en el sentido que la fiscalía deseaba. El asunto sirvió para recordar que con Belaunde no pasa nada. Está cuatro años preso y su juicio no empieza.

Estos casos muestran la realidad cruda y dura del sistema judicial. Sigue siendo tan ineficiente y al parecer tan corrupto como antes. La novedad es que hoy mucha gente cree ingenua o interesadamente que se ha avanzado significativamente en la lucha contra la corrupción. Los más entusiastas hablan de un hito histórico.

En realidad, todo indica que lo que se ha producido es un aprovechamiento político, del presidente Martín Vizcarra y de la coalición que lo respalda, del escándalo Lava Jato y de las escuchas a los jueces. La ocasión ha sido utilizada, como muchas veces a lo largo de nuestra historia, para que el gobierno y sus aliados adquieran una influencia desmedida sobre el sistema judicial, al que politizan y corrompen, para usarlo en beneficio propio y en detrimento de sus adversarios.

La reforma judicial iniciada en julio del 2018 por el presidente Vizcarra solo ha servido, hasta ahora, a ese propósito político. Y a estas alturas es difícil esperar que habrá algún cambio sustancial en el futuro.

Vale la pena preguntar ahora: ¿cuántos de los corruptores, los que pagaron coimas para obtener obras muchas veces inútiles o sobrevaluadas y obtuvieron beneficios de miles de millones de dólares, están presos? ¿Cuántos han sido acusados por la fiscalía? No tiene siquiera sentido inquirir por sentencias. No existen.

Pero la lucha contra la corrupción sigue siendo la bandera que esgrime el presidente Vizcarra y la coalición que lo respalda. Y la principal razón de su aprobación en las encuestas.