¿Fin de un ciclo?

El pasado 7 de enero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en primera votación, derogar la Ley 27600, de diciembre del 2001, que había suprimido la firma del expresidente Alberto Fujimori de la Constitución de 1993, después de que fuera declarada su “permanente incapacidad moral” y la vacancia de la presidencia de la República, posterior a su renuncia desde la ciudad de Tokio en noviembre del 2001. Si bien este acuerdo está pendiente de ser aprobado en segunda votación, tiene una gran carga simbólica. Fue aprobado por 17 votos a favor, seis en contra y cuatro abstenciones; previamente, en la Comisión de Constitución, el proyecto de ley fue aprobado por 14 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones.

En términos generales, podría decirse que esta iniciativa y los votos a favor provienen del fujimorismo y de los grupos parlamentarios de derecha; los escasos votos en contra, de algunos parlamentarios de izquierda en minoría en el Congreso actual; y las abstenciones, tanto de grupos de “centro” como de algunos parlamentarios de izquierda de los que se esperaría una postura contraria, pero que terminan jugando en pared con las bancadas de derecha.

Decía que esta decisión tiene una carga simbólica muy fuerte que no debe pasar desapercibida. La Ley 27600, que suprimió la firma de Fujimori, estableció además un proceso de reforma total de la Constitución de 1993 que debía ser aprobado por referéndum, en el que debía promoverse “el más amplio debate nacional”, la participación de la sociedad civil. Esta ley tuvo en su base un amplio acuerdo político del que participaron grupos que podríamos caracterizar como de centro y de tendencias liberales, tanto de derecha como de izquierda. La aprobación de la ley en el Congreso contó con el respaldo de las bancadas de Perú Posible, el Apra, Unidad Nacional, Somos Perú y Acción Popular, entre otros. La ley aprobada por el Congreso y enviada al Poder Ejecutivo tuvo las firmas de Carlos Ferrero y Henry Pease, y la promulgación, las de Alejandro Toledo, Roberto Dañino y Fernando Olivera. Si bien el proceso de reforma constitucional no llegó a concretarse, el sentido común que se manejaba era que había que llevar adelante un proceso de reformas institucionales que marcaran una diferencia con el manejo autoritario propio de la década de los 90. La base fundamental de este consenso era el rechazo a ese pasado autoritario, del que el golpe de Estado de 1992 era punto de origen, y de la corrupción generalizada que desacreditó al fujimorismo y que forzó la propia renuncia del expresidente. El propio fujimorismo tuvo como tarea “insertarse” en una dinámica propiamente democrática, en el que el discurso solía apelar al carácter “excepcional” de las decisiones tomadas en 1992 y su conversión a un credo plenamente democrático.

Este acuerdo político implícito tuvo plena vigencia por 15 años, entre el 2001 y el 2016. Con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y la mayoría absoluta congresal del fujimorismo, esta lógica empezó a resquebrajarse; podría haberse reequilibrado con Martín Vizcarra y con Francisco Sagasti, pero desde el 2021 parecemos haber ingresado definitivamente a una nueva etapa en la que la derecha liberal terminó subsumida por una más conservadora y el centro desapareció o se desplazó fuertemente hacia posturas conservadoras, al igual que posturas de izquierda.