Ha empezado el conteo rápido de las recientes elecciones de la segunda vuelta; cuyo resultado final se sabrá en los próximos días. Sin embargo, el fantasma de la incertidumbre política y electoral golpea sobre todo al sector minero moderno y formal, sector que es intensivo en capitales y que prefiere las reglas claras, la estabilidad y la seguridad jurídica.
Es casi seguro que en estos momentos circulan informes, análisis de escenarios y de riesgo político del actual escenario electoral, solicitados por empresas y fondos de inversión con prospectivas de lo que podría venir si gana Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.
Sea quien sea el próximo presidente de este país, deberá mirar al sector minero no con “gula presupuestívora”, sino de manera estratégica en el mediano y largo plazo, sobre todo cuando hay un mundo que requiere con urgencia los minerales que el Perú tiene (antes de cualquier posibilidad real y rentable de algún sustituto).
El candidato que, al conteo final, logre la presidencia no debe cometer el yerro de ideologizar la relación con el sector minero en general, pero sobre todo con el moderno, formal y legal (que cumple estándares sociales, laborales y ambientales), que es —dicho sea— el que paga las cuentas nacionales, seguido por la agroexportación.
Asimismo, el próximo presidente debe evitar cometer la misma torpeza del golpista Pedro Castillo cuando atiborró el Ministerio de Energía y Minas y otras instituciones claves del Estado con amigos y conocidos que no tenían el nivel para dirigir uno de los ministerios centrales y decisivos, con una importancia estratégica que se vio reducida.
Así como la relación con la minería formal, legal y moderna no debe ser ideologizada, debe suceder lo mismo con la minería informal, cuyo proceso de formalización ha sido un fracaso por razones técnicas, jurídicas y, sobre todo, políticas e ideológicas.
Si de una cosa estamos absolutamente seguros es que el fracaso de la formalización minera se debe al enorme compromiso político e ideológico que existe, sobre todo con algunos congresistas en la Comisión de Energía y Minas, donde se incluye al mismo candidato Sánchez.
La minería informal es la incubadora de la minería ilegal y, en algunos momentos y lugares, es casi imposible que exista la ilegalidad en minería sin la anuencia del Reinfo, que convierte a los mineros informales en una condición jurídica que no existe en ninguna parte de la ley ni la norma: mineros en vías de formalización.
Pues bien, las sucesivas ampliaciones del Reinfo han sido logradas más por cálculo ideológico o político que por razones técnicas.
Queda por saber, además, cómo se organizarán las próximas comisiones de Energía y Minas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados; pero desde ya vale advertir que sería un error que partidos como Fuerza Popular o incluso el Partido del Buen Gobierno entreguen dichas comisiones a partidos de izquierda, cuyos planteamientos y soluciones sobre el problema son más ideológicos y políticos que técnicos y jurídicos, basados en evidencias.
Hoy tenemos, por fortuna, a la congresista Diana Gonzales, que ha sido un muro de contención en el actual Congreso contra los intereses más primitivos y pecuniarios de algunos de sus colegas; pero surge una pregunta: ¿tendremos otras “Dianas Gonzales” en el próximo Senado o en la Cámara de Diputados?
Considero que el sector minero formal, legal y moderno espera con atención si es que la política pública minera nacional del próximo gobierno puede llevarse con sensatez, sin extremismos y colocando a profesionales idóneos y con experiencia en cargos decisivos. Pero, además, espera que el nuevo gobierno promueva las inversiones en un sector muy delicado y competitivo, alejando la incertidumbre política o guardando en el archivo las propuestas de nacionalizaciones o estatizaciones.
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