La política y la derrota del crimen

En los últimos cuatro años, el Perú ha tenido un nuevo ministro del Interior casi cada tres meses, una rotación que impide cualquier política de seguridad seria, bien pensada y mejor aplicada. El dato proviene de una nota editorial de El Comercio (22/10/25) que informa sobre el impresionante número de ministros que han pasado en ese lapso por las carteras ministeriales: 169, incluidos los del Gabinete actual, entre ellos, 15 ministros del Interior.

La crisis que arrastra el Perú afecta no solo la economía, sino también las políticas vinculadas a la lucha contra el crimen y las economías ilegales, cuyo enfrentamiento recae, entre otros, en la cartera del Interior. También por esto urge mejorar de manera sustantiva la calidad de la representación y de la gestión pública.

La política debe estar, obligatoriamente, a la cabeza de cualquier estrategia eficaz contra el crimen. El primer paso es tener una autoridad política que sea tal; algo que se podría conseguir si resulta un ganador claro en las próximas elecciones, o si se logra constituir, con este fin, una difícil pero no imposible alianza entre fuerzas democráticas de centro, derecha e izquierda. La inseguridad es en extremo grave, y se pondrá peor si no se responde con decisiones extraordinarias a una crisis que amenaza más y más al Estado y perturba sin tregua la vida de la sociedad.

Una institución clave que la autoridad política sólida tendría que poner a la altura del desafío es la Policía Nacional. La primera gran tarea es que recupere la confianza de la población. Según la última Encuesta Nacional de Hogares, un 83% de peruanos desconfía de ella –el porcentaje más elevado de los últimos 12 años–. Se la vincula ni más ni menos que “con la corrupción y la participación de agentes en crímenes violentos” (“La República”, 24/10/25).

Los múltiples modos de desarrollo y consolidación de los negocios ilegales y de los grupos criminales organizados en Latinoamérica advierten que toca hacer esfuerzos inusuales para contrarrestar su avance. La lectura de “Anatomía del poder ilegal” (Planeta, 2025), de Lucía Dammert, permite corroborar que esta apremiante necesidad va más allá de las fronteras: es extensiva a prácticamente toda la región. No obstante, la naturaleza generalizada del problema no debe ser tomada como un consuelo, sino como la evidencia misma de su gravedad. Que no sea el Estado Peruano el último en aplicarse.