La adhesión al Escudo de las Américas contra la criminalidad internacional y la designación de Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Washington no tienen por qué sorprendernos. Ambas corresponden a la tónica de pragmatismo orientado a resultados estratégicos que Keiko Fujimori ha hecho suya desde su conversión en el “mal menor” de las dos vueltas electorales del 2026.
Ante la cuestión de qué convenía hacer entonces para ganar las elecciones, la candidata respondió con mayores dosis de tolerancia y concesiones que sus adversarios. Mientras estos confrontaban y polarizaban, ella llamaba a la apertura y al orden contra dos enemigos comunes: el crimen organizado y el caos estatal. Ante la cuestión de qué conviene hacer ahora para gobernar, la presidenta responde con la misma tónica de pragmatismo orientado a resultados estratégicos, en función de los mismos objetivos: acabar, contra viento y marea, con la escalada de extorsiones y homicidios y con el desastre acumulado de los servicios públicos de salud, educación e infraestructura vial.
Si Fujimori ha tenido que “tragarse el sapo” en algunas decisiones y nombramientos, y tiene que seguir haciéndolo más adelante porque la complejidad de su gobierno así lo exige, debe ser asimismo consciente de las ventajas, los riesgos y los reveses que corre. Las relaciones con Estados Unidos serán mejores en la medida en que las oportunidades y responsabilidades sean compartidas, y las soberanías y los intereses bilaterales y multilaterales sean respetados por ambas partes. “No haremos nada que ustedes no quieran o pidan”, le ha dicho el secretario de Estado, Marco Rubio, a la presidenta peruana.
La realpolitik de Fujimori padre consistió en “tragarse el sapo” de su propia propuesta populista de campaña electoral para terminar gobernando con la macroeconomía que proponía su adversario de entonces, Mario Vargas Llosa, macroeconomía que es hasta hoy el mayor sello de estabilidad del país. La realpolitik de Fujimori hija ya está dando sus primeros pasos, con algún que otro trompicón, y pronto deberá enfrentarse a la batalla crucial por la delegación de facultades legislativas por el Congreso.
¿Podrá el Gobierno finalmente frenar las resistencias de los parlamentarios radicales de Juntos por el Perú? ¿Y podrán estos advertir que su oposición, no al Gobierno, sino a objetivos comunes del país, podría arrastrarlos, impopularmente, a las patas de los caballos? Encima, el Senado podría enmendarles la plana y dejar en ridículo a sus titiriteros políticos: Pedro Castillo, desde su prisión de Barbadillo, y Roberto Sánchez, desde su nuevo puesto de asesor de Juntos por el Perú.
Vale la pena “tragarse el sapo” más de una vez por objetivos estratégicos que no debiéramos abandonar nunca, en contraposición a quienes preferirían que nos hundiéramos en la polarización o en los atolladeros de un Estado fallido, en el que políticos y funcionarios, jueces y fiscales, magistrados electorales y superintendentes pueden hacer lo que les viene en gana con la ley y la Constitución.
Fujimori ha recuperado, desde la presidencia, la jefatura del Estado. Haría bien en preservarla y asegurarla para así preservar y asegurar su realpolitik, haciéndose cargo, por supuesto, de su éxito o fracaso.
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