Como usuarios permanentes de los aeropuertos del país, los pilotos constatamos a diario la ausencia de mejoras visibles en infraestructura, mantenimiento de pistas, facilidades operativas y servicios al pasajero. Esta realidad no se limita al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez –donde existe una responsabilidad directa de Lima Airport Partners–, sino que es aún más crítica en los aeropuertos de las regiones, bajo la administración de Córpac, Aeropuertos del Perú y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
En este contexto, resulta legítimo preguntarse por el destino de los recursos que se recaudan en el sector aeronáutico. Actualmente, cerca del 46% de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto de Transferencia (TUUA de transferencia) se destina al Estado, a pesar de que el sector ha demostrado históricamente una baja capacidad de ejecución presupuestal. Un antecedente reciente lo confirma: el exdirector de la DGAC fue removido de su cargo tras ejecutar menos del 36% del presupuesto asignado. Frente a este escenario, la pregunta cae de madura: ¿qué se hará con lo recaudado vía la TUUA si ni siquiera se logra ejecutar de manera eficiente los recursos ya disponibles?
Más allá del debate fiscal, el mayor riesgo de la TUUA de transferencia es su impacto directo en la competitividad del ‘hub’ de Lima. El aeropuerto Jorge Chávez compite con terminales estratégicos de gran escala como Sao Paulo, que concentran un enorme volumen de conexiones regionales sin aplicar un cobro adicional por transferencia, sino únicamente una TUUA de salida.
La consecuencia es clara: al encarecer la conexión vía Lima, las aerolíneas evalúan mover rutas estratégicas hacia ‘hubs’ más competitivos. Esto ya viene ocurriendo con destinos como Punta Cana, Cancún, Aruba o Montego Bay, rutas que representaban una ventaja para el Perú al permitir conexiones directas desde Lima. Si estas operaciones se trasladan a Brasil, el impacto no es menor.
Para el pasajero, el cambio es sustancial. Antes, un vuelo directo desde Lima a estos destinos tomaba alrededor de cinco horas. Con el redireccionamiento, una familia tendría que salir de Lima de noche para llegar a Sao Paulo (pues todos los vuelos a Brasil desde Lima son nocturnos), esperar varias horas en conexión y recién abordar un vuelo de más de cinco horas al destino final. En la práctica, un viaje de cinco horas se convierte en uno de más de trece, con mayor cansancio, más escalas y mayores costos. Esto afecta directamente la experiencia del usuario y reduce el atractivo del Perú como punto de conexión.
Pero el impacto no termina ahí. Menos vuelos desde Lima significa menos puestos de trabajo. Si disminuyen las operaciones, se reduce la necesidad de pilotos, tripulantes de cabina y personal en tierra. Toda la cadena logística asociada al transporte aéreo –transporte terrestre, catering, hospedaje, servicios aeroportuarios– también se ve afectada. A ello se suma un efecto adicional pocas veces mencionado: los negocios que han invertido en el aeropuerto Jorge Chávez. Al perder flujo de pasajeros en conexión, especialmente en horarios claves de desayuno o almuerzo, estos locales verán reducidas sus ventas. Incluso el propio Estado termina recaudando menos impuestos como consecuencia de una menor actividad económica.
Finalmente, no se puede ignorar el origen de esta situación. El 8 de marzo del 2013, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y LAP suscribieron la adenda número 6 del contrato de concesión, que habilitó el cobro de la TUUA de transferencia. Este acuerdo, firmado por funcionarios del MTC de la época, fue aprobado con la participación de Ositrán. Sus efectos recién se sienten más de una década después, en el 2025 y 2026. Resulta evidente que no se evaluó adecuadamente el impacto que esta medida tendría sobre la conectividad y la competitividad del país.
Desde el Sindicato de Pilotos de LATAM Perú (Siplap) consideramos que, si bien la TUUA de transferencia puede ser legal, ello no debería impedir una revisión seria de su impacto integral. Esta no es una discusión que afecte únicamente a aerolíneas o trabajadores del sector: compromete el empleo, el turismo, la inversión y la posición del Perú como ‘hub’ regional. Corregir el rumbo aún es posible, pero requiere diálogo técnico, decisiones informadas y una visión de largo plazo.
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