Este 27 de mayo se publicó la Ley 32351. Dispone que 10% de la programación de los medios se otorgue de manera gratuita a las instituciones públicas del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar.
Además, todos los medios deben desarrollar “contenidos vinculados a la sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”.
El derecho a la libertad de información se ejerce, como dice la Constitución, “sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos” (art. 2,4). Los congresistas han transgredido este derecho fundamental.
La libertad de prensa es la libertad para publicar. Más aún, es el derecho a usar los medios que uno se procura para publicar lo que a uno le parece. ¡No lo que a otro le parece!
Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo pueden decirles a los medios qué cosa publicar. El orden legal es negativo: no se puede injuriar, calumniar o difamar. No puede ser positivo: publica esto o aquello.
Los medios estatales están para que el Estado publique lo que crea conveniente. Los medios privados no están para eso.
Nadie, menos el poder político, se puede apropiar de los medios privados. Ni en todo, ni en parte. Ni el 100%, ni el 10%, ni el 1%. El principio es el mismo.
Uno podría preguntarse: ¿y qué pasa con las campañas para alejar a la juventud de la violencia? ¿No es necesario persuadir con contenidos a los jóvenes para que se alejen de las pandillas o el sicariato? ¿No podríamos obligar a los medios a usar otro 10% para eso?
También se podría forzar a los medios a usar otro 10% para campañas y contenidos sobre el robo de celulares. Y otro 10% para educar en el cuidado de la tercera edad. Y así podríamos continuar hasta completar el 100%.
Eso sería sustituir la iniciativa privada por la iniciativa pública. ¡Usando los medios privados! Equivale a confiscar el medio privado. Da lo mismo si es el 100% o el 10%. El principio es el mismo: confiscar es confiscar.
Esta ley es inadmisible. Es bárbara, inconstitucional y muy tonta.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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